La previsible ley de amnistía en la que trabaja el Gobierno en connivencia con sus socios independentistas frenaría todas las causas por el 1-O que siguen abiertas en los tribunales. Entre la lista de beneficiados de esta norma que busca dejar en papel mojado cualquier responsabilidad por la declaración de independencia de Cataluña se encontrarían no solo la plana mayor del procés, con Carles Puigdemont a la cabeza, sino también altos cargos de ERC procesados por estos hechos.
A falta de conocer los pormenores de una ley que suscita serias dudas por su encaje legal, lo que parece claro es que seguirá el modelo de la proposición de ley de ERC sobre una posible amnistía que el Congreso tumbó en 2021. El Gobierno trata de acotar hechos concretos y espacio temporal con el fin único de liberar del banquillo a todos los implicados en la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 y los hechos posteriores.
La principal causa penal por estos hechos, conocida como el procés, se paralizaría de inmediato. A día de hoy, la Sala de lo Penal mantiene procesados a Carles Puigdemont y a dos de sus consejeros (Toni Comín y Lluís Puig) además de la secretaria general de ERC Marta Rovira. Todos ellos permanecen fugados de la Justicia y tendrían pendiente sentarse en el banquillo como sí lo hicieron Oriol Junqueras y los otros 11 líderes del procés.
Puigdemont, el gran beneficiado
Una más que probable ley de amnistía conllevaría el fin de cualquier causa penal abierta contra ellos, lo que implicaría que podrían retornar a España sin que fueran detenidos. El magistrado Pablo Llarena hizo decaer las órdenes de detención internacionales para Puigdemont, Comín y Puig, pero mantuvo las nacionales al estar procesados por delito de malversación y desobediencia. Rovira, por su parte, solo afronta desobediencia tras eliminar el Gobierno la sedición.
Se trata del mismo delito que atribuye a la exconsejera Clara Ponsatí, quien también fue procesada en rebeldía, aunque en Llarena acordó su libertad provisional en julio tras ser detenida en Barcelona. La Fiscalía ha pedido al juez que reactive las euroórdenes contra Puigdemont, pero éste se mantiene a la espera de que el Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE) pronuncie la última palabra sobre la retirada de la inmunidad de Puigdemont.
También se beneficiarían de una ley de amnistía la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, cuya causa en el Supremo por delito de desobediencia se remitió a la Audiencia Provincial de Cataluña, o la exconsejera catalana Meritxell Serret, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó en abril a un año de inhabilitación por desobediencia, delito que no lleva acarreada pena de prisión.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que con la entrada en vigor de una ley de amnistía, insólita en democracia, Llarena se vería obligado a dictar un auto de conclusión de sumario, mientras que la Sala de lo Penal que enjuició a 12 líderes independentistas dictaría el sobreseimiento de las actuaciones.
Los cabecillas del 1-O
El Gobierno indultó a los nueve de estos líderes que fueron condenados por sedición. No obstante, algunos de ellos -como Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull- mantienen a día de hoy sus inhabilitaciones para volver a ejercer cargo público al tratarse de un indulto parcial.
Precisamente, los hombres de confianza de Oriol Junqueras en la consejería de Economía de la Generalitat también se acogería a la ley de amnistía. El que fuera secretario general de Economía, Josep María Jové; y el exsecretario de Hacienda, Lluis Salvador tienen pendiente sentarse en el banquillo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abriera juicio oral contra ellos por diseñar toda la estructura del 1-O. La Fiscalía les pide siete años de cárcel al primero de ellos y seis para el segundo.
Con todo, las aristas de la amnistía podrían acabar beneficiando también a los protagonistas indirectos del procés. Coincidiendo con la sentencia condenatoria del Supremo contra Junqueras, en octubre de 2019, se sucedieron revueltas y protestas en Cataluña que derivaron en apertura de causas en juzgados ordinarios de Barcelona, pero también en la Audiencia Nacional.
El Tribunal de Cuentas
Este último órgano está a un paso de enviar al banquillo a 12 miembros de los Comités de la Defensa de la República (CDR) por delito de terrorismo, tenencia de explosivos y tentativa de estragos. La Fiscalía pidió en junio que abriera juicio oral contra todos ellos por estar detrás de episodios como el asalto al Parlament en diciembre de 2018. Pese a que se les acusa de "emplear la violencia en su máxima expresión" y de integrar una "organización terrorista clandestina", también podrían acogerse a la ley de amnistía.
En la Audiencia Nacional también se investiga a miembros de Tsunami Democràtic. La causa estaría a un paso de enviarse a Cataluña al no acusarles por delito de terrorismo, lo que implica que este órgano pierde la competencia para enjuiciarles. Se les atribuye el asalto al aeropuerto del Prat o los cortes de la AP-/ a la altura de La Junquera, acción esta última que habría ocasionado a los camioneros pérdidas diarias de 15 millones de euros.
Queda por ver si la amnistía que con la que Pedro Sánchez se juega su reelección incluye también la derivada de Puigdemont y otros líderes del procés en el Tribunal de Cuentas. El máximo órgano fiscalizador fijó para el 17 de noviembre el juicio contra el expresidente catalán y una treintena de excargos de la Generalitat por el supuesto desvío de fondos para los gastos del referéndum ilegal del 1-O y también las acciones en el extranjero.
