La retirada del delito de sedición en la causa del procés abre un nuevo escenario para Carles Puigdemont y los otros cuatro políticos fugados de la Justicia española. El cambio legal impulsado por el Gobierno asesta una estocada a la causa que se instruye en el Tribunal Supremo y fía parte del futuro de la misma a la malversación, que se mantiene intacta, y a lo que dictamine la Justicia europea. A corto plazo, el expresidente catalán tiene libertad de movimiento en Europa, mientras que Clara Ponsatí y Marta Rovira ya pueden volver a España sin temor a ser detenidas.
Estas son las consecuencias directas de la ley que deroga la sedición y rebaja la malversación La modificación de los dos delitos por lo que se juzgó el procés afecta de manera directa no solo a los doce condenados por estos hechos (entre ellos el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras), sino también a los procesados que están pendientes de sentarse en el banquillo.
El instructor de la causa, Pablo Llarena, dictaba un auto de más de 70 páginas el mismo día que entraba en vigor la norma para acordar dos medidas de calado: por un lado, retirar el delito de sedición y, por otro, hacer decaer las euroórdenes. En lo que respecta a la primera premisa, el instructor aboga por no sustituirlo por los desórdenes públicos agravados; como así se pretendía desde Moncloa, porque entraña una despenalización. Así pues, les procesa por desobediencia y malversación.
Malversación intacta
Este movimiento hace que se abra un abanico de posibilidades en relación a la pena que se podría pedir para Puigdemont y los exconsejeros procesados por estos dos delitos. Teniendo en cuenta que la desobediencia no lleva aparejada cárcel, todo depende de cómo interpreta el juez la malversación de caudales públicos que se les atribuye Puigdemont, Antonio Comín y Lluis Puig por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Llarena ya ha dejado claro que la malversación no se va a modificar pese a la rebaja impulsada por el Gobierno. Argumenta que la nueva regulación prevé la misma pena que la anterior y que la única diferencia es de redacción. Moncloa rebajó el rango hasta un máximo de cuatro años de cárcel en los casos en los que el desvío de fondos no llevara aparejado un lucro personal, pero el magistrado mantiene el tipo grave al excederse los 250.000 euros de fondos desviados.
Así pues, a corto plazo el panorama es especialmente favorecedor para dos de los cinco procesados: la exconsejera Clara Ponsatí y la exsecretaria de ERC, Marta Rovira, la cual se fugó de España el mismo día que tenía que comparecer ante el Tribunal Supremo. Como ya se informó al conocerse la intención del Ejecutivo, la derogación de la sedición les beneficia especialmente porque no se les atribuía malversación.
"Todos van a volver"
Al retirar la sedición y acusar ahora por desobediencia, decaen las órdenes de detención que pesaban contra ellas. Pueden volver a España cuando lo consideren, aunque se les detendrá solo para tomarles declaración. No ocurre lo mismo para Puigdemont, Comín y Ponsatí. El juez deja en papel mojado las euroórdenes para su extradición pero ordena unas nuevas por desobediencia y malversación en caso de que pisen España. Sobre las internacionales decidirá toda vez resuelva la cuestión prejudicial el Tribunal de Justicia de la UE.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, anunció desde el Parlamento Europeo que los líderes del procés fugados retornarán a España,. "Todos van a volver", aseveró. Boye habló de "ánimo persecutorio" del Supremo y dijo que con la nueva orden de busca y captura por malversación y desobediencia se está vulnerando su inmunidad. El expresidente catalán, por su parte, pronunció un discurso ya por la noche en el que descartó que fuera a ponerse a disposición de la Justicia española.
Precisamente lo que resuelva el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en relación a la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont va a influir de manera directa en el procedimiento que se sigue en el Supremo, el cual también aguarda la respuesta que ofrezca el TJUE sobre la cuestión prejudicial planteada por este tribunal.
Cabe recordar que el abogado general de la UE respaldó en julio a Llarena al considerar que Bélgica no debió rechazar la entrega de Puigdemont basándose en un hipotético riesgo de vulneración de sus derechos. Así pues, si el TJUE falla a favor del Supremo, es más que probable que Llarena reactive las órdenes de detención europea e internacional.
Cambio en la sentencia del procés
En paralelo a la actuación de Llarena, el tribunal que juzgó a doce líderes del procés por estos mismos hechos también movió ficha este jueves. Los magistrados han dado un plazo de ocho días a las partes de la causa para que formulen las alegaciones que consideren en relación a los cambios que se introducirán en la condena. De los doce condenados, nueve (los que ingresaron en prisión) fueron indultados por el Gobierno, aunque se les mantuvo la inhabilitación.
Algunos de ellos, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, se pronunciarán pidiendo una revisión de la condena aunque otros, pertenecientes a la formación de Junts, preferían aguardar a que el alto tribunal actúe de oficio. La duda ahora reside en si la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena aplica la desobediencia, como ha hecho el juez instructor o, por contra, sustituye el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados.
Fuentes del alto tribunal consultadas por este medio han planteado sus dudas acerca de que este nuevo tipo penal encaje con la redacción de una sentencia que condenó el referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia por delito de sedición.
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