Pumpido no quiere los errores y sorpresas de hace un año con Puigdemont: la sala de vacaciones del TC será afín al PSOE

La denominada "sala de vacaciones" del Tribunal Constitucional estará conformada durante el próximo mes de agosto, en sus dos fases, por una mayoría de magistrados afín al PSOE, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes del órgano de garantías.

En concreto, durante la primera quincena de ese mes estará conformada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, reciente ponente de buena parte de los recursos de amparo planteados por los dirigentes del PSOE andaluz condenados por los ERE fraudulentos.

Estas sentencias han supuesto un 'indulto encubierto' para casi una veintena de ellos, cuando no una rebaja sustancial de penas o directamente su exoneración y una reinterpretación doctrinal sobre delitos tan relevantes como la malversación de caudales públicos y la prevaricación, invadiendo funciones del Tribunal Supremo.

Son los delitos que en particular afectaban a José Antonio Griñán, y el segundo de ellos, a Manuel Chaves. Junto a Montalbán, formarán parte de la sala la magistrada Maria Luisa Segoviano, también afín al bloque de izquierdas, y el magistrado del ámbito conservador Rircardo Enríquez.
Durante la segunda quincena de agosto, esa sala será sustituida hasta el 31 de agosto por los progresistas Ramón Sáez Valcárcel y Laura Díez, que fuese directora general en el Ministerio de Presidencia del que es titular Félix Bolaños, y por César Tolosa, magistrado elegido en su día a iniciativa del PP.

El recurso de Puigdemont

La sección de vacaciones del Tribunal Constitucional es una suerte de sala de guardia o suplente de las secciones habituales que se convoca específicamente para el periodo estival, en especial en agosto, mes inhábil para muchos trámites de la justicia ordinaria. Sin embargo, no es inhabitual que durante ese mes se promuevan ante el TC recursos de resolución urgente vinculados a la supuesta conculcación de derechos fundamentales que requieren pronunciamientos del TC cautelares o cautelarísimos para impedir cualquier tipo de indefensión o irreversibilidad de un posible daño causado a un ciudadano.
Fuentes del Tribunal insisten en la preocupación del presidente de la institución, Cándido Conde-Pumpido, por que no ocurra, por ejemplo, lo que sucedió en agosto del año 2023, muy pocos días después de la celebración de las elecciones generales.

A mediados de mes, el que fuera presidente de la Generalitat y aún huido Carles Puigdemont planteó un recurso urgente contra las órdenes de detención que había dictado el Tribunal Supremo contra él, y contra el ahora eurodiputado electo, pero sin escaño, Toni Comín, como presuntos autores de los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Solicitaban que de modo cautelar quedasen en suspenso ambas órdenes de detención.
La sección de vacaciones, que contaba por entonces con dos magistrados del bloque conservador y solo uno del bloque de la izquierda, decidió no admitir a trámite los recursos de los líderes separatistas, asumiendo así en cualquier caso la competencia para poder rechazar de plano la pretensión de Puigdemont y Comín.

Esto supuso que accedieron a resolver, en sentido negativo para los intereses del expresidente de la Generalitat, que no se había vulnerado ningún derecho cuando se activaron esas órdenes de detención. A su vez, la Fiscalía se opuso a esa resolución alegando que al no haberse producido ningún "riesgo inminente", no debió ser la sección de vacaciones la encargada de resolverlo, sino esperar a septiembre a que las secciones del TC se completasen con sus titulares habituales.

No obstante, fueron Puigdemont y Comín los que sí atribuyeron un carácter de extrema urgencia a su propia petición. Tuvo que ser en septiembre, ya con el control de Conde-Pumpido sobre la mayoría del TC, cuando acordó elevar al pleno -los once magistrados que aún a día de hoy continúan por estar vacante la duodécima plaza por enfermedad del magistrado Alfredo Montoya-, y asumir íntegro el criterio del fiscal.

No repetir el error

Aquel episodio supuso una contrariedad para Conde-Pumpido, según resaltan fuentes del Tribunal, que en esta ocasión ha querido garantizarse no dejar ni el más mínimo resquicio a cualquier hipotética mayoría conservadora ni dar margen siquiera a cualquier posible recurso, vinculado por ejemplo a los distintos trámites que está provocando la no aplicación de la amnistía a algunos condenados por malversación de caudales públicos.

De hecho, algunos de ellos, como el propio Puigdemont, ya han anunciado públicamente su pretensión de acudir en amparo al TC contra la decisión de varios magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de no ejecutar la aplicación de la amnistía a los afectados por el delito de malversación de caudales públicos.
La interpretación que hace el Supremo sobre ese delito y sus consecuencias penales es muy diferente a la que hacen el legislador y el Gobierno al plasmarlo en la Ley de Amnistía ya en vigor. Cualquier hipotético recurso urgente que llegase al TC en pleno agosto y aludiese a cuestiones consideradas "estratégicas y evidentemente políticas para la estabilidad del Gobierno -sostienen esas fuentes-, no va a quedar fuera del control de Conde-Pumpido. Esta vez, no. Ni por error ni por omisión. Se ha impuesto en el bloque de la izquierda la teoría de ‘errores cero’".
Hasta ahora en el TC, con este régimen de mayorías, han sido recurrentes las votaciones con siete votos a favor de las tesis del Gobierno, fuese cual fuese el asunto a tratar, frente a cuatro del sector conservador, que queda prácticamente forzado a tener que hacer oír su voz a través de votos particulares muy duros por el barniz de politización que recubre al Tribunal. Especialmente tenso ha sido el último mes, precisamente a raíz de la deliberación de los recursos sobre los condenados de los ERE.

Las mismas fuentes consultadas inciden en que la quiebra de confianza entre un bloque y otro se ha extremado, que la tensión entre sus miembros a todos los niveles ha crecido exponencialmente, y que eso se ha trasladado a todas las instancias del Tribunal, donde muchos juristas -letrados, fiscales, o algunos de los propios magistrados- temen por la irreversibilidad en la pérdida de reputación de la institución