Un terremoto sacude las estructuras internas de los Mossos d’Esquadra, después del reciente cese de su máxima autoridad, Josep Lluís Trapero, y del traslado a la comisaría de Rubí del jefe que asumía las investigaciones vinculadas a la corrupción. “Purga” es la palabra elegida por la oposición, con el exministro Salvador Illa (PSC) a la cabeza, mientras que desde el gobierno autonómico lo definen como una búsqueda de “nuevos liderazgos” en el cuerpo. Interpretaciones aparte, lo cierto es que la reestructuración está teniendo lugar después de una reunión clave entre la cúpula del ejecutivo regional y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se firmó la incorporación de 3.739 agentes más a la policía catalana, así como una serie de compromisos sobre sus competencias.
La polémica está vinculada con el cambio de la cúpula policial de los Mossos d'Esquadra y con otros puestos claves. Josep Lluís Trapero es quizá el rostro más reconocible. Quien ocupara el máximo puesto de responsabilidad en el cuerpo autonómico hasta su cese en 2017 y afrontara un extenso proceso judicial en el marco de las investigaciones del referéndum del 1-O -del que finalmente fue absuelto-, el Gobierno catalán recuperó en noviembre de 2020 su figura para volver a dirigir el timón de la policía autonómica. Duró poco en el cargo. En diciembre de 2021 fue cesado en un halo de polémica: las instituciones oficiales hablaban de "relevo generacional" mientras que algunas informaciones apuntaban a un enfrentamiento directo entre el ejecutivo regional y la cúpula de los Mossos ante unas supuestas injerencias políticas en el cuerpo.
A partir de entonces se soslayaron los cambios y ceses. La cúpula policial fue prácticamente relevada y Josep María Estela sustituyó a Trapero en el cargo. Esta misma semana se ha dispuesto también el traslado del intendente Toni Rodríguez, que lideraba las pesquisas en materias sensibles como narcotráfico, pero también en casos de supuesta corrupción que afectarían a miembros de formaciones independentistas. A Rodríguez se le ha buscado un acomodo lejano a sus designios habituales y de ahora en adelante se desempeñará en la comisaría de la localidad barcelonesa de Rubí.
Otras fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli detallan que Josep Lluís Trapero fue una de las figuras encargadas de reconducir las deterioradas relaciones entre el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska con los Mossos d'Esquadra, herencia de las fricciones que surgieron a partir del referéndum del 1-O y de los tensos episodios que han salpicado el orden público en Cataluña durante los años venideros. Su cese y la posterior reestructuración de la cúpula de la policía autonómica, no obstante, explotan pocas semanas después de que el Gobierno autonómico negociase una serie de compromisos precisamente con el Ministerio del Interior.
Refuerzo de los Mossos
El 5 de noviembre de 2021 se celebró una cumbre, conocida con el nombre de Junta de Seguridad de Cataluña, a la que asistieron el propio Marlaska y su equipo más cercano, como el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y otros altos cargos ministeriales y policiales. Por parte del Gobierno catalán participaron el presidente regional, Pere Aragonès, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, y varias personas más de su estrecha confianza.
La reunión culminó con el compromiso asumido por el Ministerio del Interior de reforzar la plantilla de los Mossos d'Esquadra, entonces compuesta por 18.267 agentes, hasta los 22.006, lo que supondría una diferencia de 3.739 efectivos y un incremento del 20% de la dotación. También se concedió a la policía autonómica la competencia de desarrollar las labores de vigilancia transfronteriza, recogidas en el artículo 40 del Convenio de Schengen. Esos fueron los dos principales puntos del acuerdo, pero no los únicos.
Interior informó de que la cumbre se había cerrado con un plan para ejecutar "la total conexión entre el Sistema Viogén y el Sistema Integral de Atención a las Víctimas (SIAV) catalán" para coordinar la lucha contra la violencia de género; también la "creación de un grupo de trabajo para que la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra tengan recíproco acceso a las Bases de Datos de Interoperabilidad de ámbito nacional e internacional"; la incorporación del cuerpo catalán en el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad del Ministerio del Interior y en la comisión de seguimiento del mismo; y su implicación en la "elaboración y desarrollo de los planes directores aprobados por la Secretaría de Estado de Seguridad en materia de seguridad y con incidencia en el territorio de Cataluña".
Una serie de acuerdos que el Ministerio del Interior celebró por las consecuencias que suponían, principalmente la creación de puentes entre los Mossos d'Esquadra y el departamento que ahora dirige Marlaska en ámbitos en los que hasta entonces no había un contacto estrecho. El Gobierno catalán, por su parte, celebró ampliamente el refuerzo en las capacidades y el número de efectivos de su cuerpo policial, una reivindicación que habían planteado en múltiples ocasiones.
Cerrados todos esos compromisos, el Gobierno autonómico ha dado luz verde a la reestructuración de la policía catalana. Un movimiento que la oposición, con el PSC a la cabeza, ve con inquietud: "Todo parece una purga", concluye el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.
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