Pedro Sánchez ha publicado este miércoles una carta a la ciudadanía en la que reflexiona sobre su futuro como presidente del Gobierno y su próximos pasos tras la investigación judicial abierta por el juzgado de instrucción 41 de Madrid a su mujer, Begoña Gómez, por supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El presidente del Gobierno ha anunciado que será el próximo lunes 29 de abril cuando comparezca ante los medios para dar a conocer su decisión. En ese momento, se abren diferentes escenarios. ¿Qué ocurre si dimite? ¿Es necesario que convoque elecciones? ¿Cuáles son los plazos para hacerlo?
Si Pedro Sánchez convoca elecciones
Si pedro Sánchez dimite el próximo lunes y convoca elecciones, en este escenario las fechas son clave. Sánchez ya adelantó los comicios generales el pasado julio, y como dicta la Constitución, no podría convocarlas de nuevo de manera inmediata, sino con un margen de un año.
Esto significa que si finalmente se aparta del Ejecutivo y convoca elecciones, tendría que hacerlo el próximo 29 de mayo, por lo que se celebrarían en julio, dos meses después, cumpliendo con un año desde las anteriores. Hasta entonces, habría un presidente en funciones, y esta responsabilidad podría recaer sobre la vicepresidenta María Jesús Montero.
Si Pedro Sánchez dimite y presenta otro candidato a una investidura
Existe la posibilidad de que Sánchez dimita pero no convoque elecciones, se mantenga como presidente en funciones y haya un candidato alternativo a una nueva investidura, que sería propuesto por el rey Felipe VI después de una ronda de consultas, tal y como dispone la Constitución.
Esta opción sería viable si los socios de la investidura del pasado noviembre (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) apoyan a este candidato.
En esta hipótesis, el candidato designado para suceder a Pedro Sánchez se sometería a un debate de investidura y para ser elegido debería recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más síes que noes en segunda.
Si el candidato no lograra ser investido, arrancaría un plazo de dos meses en el que nuevos candidatos propuestos por el rey pueden optar a la Presidencia. Si tras estos dos meses ningún candidato consigue la confianza del Congreso las Cortes se disuelven de forma automática y se convocan nuevas elecciones generales.
Un nuevo presidente electo podría mantenerse durante los próximos tres años hasta agotar la legislatura. Esto sería factible siempre y cuando el nuevo presidente no sufriese una moción de censura, aunque actualmente los partidos que no apoyaron a Sánchez en la investidura no tendrían los números para hacerlo (171 frente a 179).
Una posible cuestión de confianza
Otra posibilidad es que Pedro Sánchez no dimita y decida presentar una cuestión de confianza. Este es instrumento político del que dispone el presidente del Gobierno para afrontar una situación de debilidad frente al Parlamento que le ha elegido y mediante el cual el Gobierno pide al Congreso el respaldo a su política.
La Constitución, en su artículo 112, establece que el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
Según establece el Reglamento del Congreso, el debate se desarrolla con el mismo formato que las sesiones de investidura. La confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.
Si Sánchez no obtuviera la confianza del Congreso, ocurriría igual que si hubiera dimitido y se iniciaría el proceso para investir a un nuevo presidente, con consultas del rey y un nuevo debate de investidura.
De nuevo, y como en el caso de las investiduras fallidas tras unos comicios generales, el artículo 172 del Reglamento del Congreso fija que si transcurren dos meses y ningún candidato consigue la confianza del Congreso, el presidente de la Cámara someterá a la firma del Rey el decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones.
La amnistía, en riesgo
En el caso de que se convocasen elecciones el próximo mayo, para celebrarse en julio, la ley de amnistía estaría en riesgo. De hecho, si este escenario se materializase, la norma decaería directamente. Actualmente, el texto se encuentra en tramitación en el Senado para ser refrendada más tarde en el Congreso.
En el caso de unas nuevas elecciones generales, todas las leyes en tramitación -entre ellas, la amnistía-, se paralizarían directamente y, en una nueva legislatura, tendría que empezar de cero.
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