La querella de Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado por revelación de secretos y prevaricación allana el camino para pedir apartar al instructor del caso. La querella se interpone apenas tres días después de que Pedro Sánchez hiciera lo propio (aunque únicamente por prevaricación) y en pleno avance de una causa que suma ya tres imputados.
Esta nueva actuación contra el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no producirá, a corto plazo, efecto alguno en la causa. Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que Peinado no tiene por qué apartarse del procedimiento hasta que se resuelva sobre la admisión a trámite de las querellas.
Cuestión diferente sería si alguna de las partes de esta causa le recusara en el marco del procedimiento. Al respecto, las voces consultadas precisan que esta insólita cascada de querellas contra el juez instructor bien pudiera entenderse como el camino para plantear en un futuro cercano su recusación y conseguir apartarle así de las diligencias que arrancó en abril.
Cascada de querellas contra el juez
Las mismas fuentes entienden la presentación de esta nueva querella como un movimiento encaminado a bloquearle en su actuación, toda vez que Begoña Gómez, a diferencia del presidente del Gobierno, incluye, además de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos de particular por funcionario público.
La defensa de Begoña Gómez podría basarse precisamente en las diferencias de las dos querellas para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no adhiera la suya a la de Pedro Sánchez. Cabe recordar que el escrito del líder del PSOE, redactado por la Abogacía General del Estado, ya está tramitado en el TSJ de Madrid.
El tribunal ha dado traslado a la Fiscalía para que informe al respecto y ha postergado para septiembre la decisión sobre su admisión o no a trámite. En ese sentido, no se descarta que la nueva querella interpuesta ahora por su mujer se adhiera a la anterior, toda vez que se actúa contra el mismo juez y por el mismo procedimiento.
Al respecto, Antonio Camacho, exministro socialista y abogado de Begoña Gómez, especifica en la querella que uno de los abogados de las acusaciones subió a su perfil personal de una red social documentación del procedimiento a la que la imputada no habría tenido acceso.
Estupor en el mundo judicial
Además, dice que las resoluciones dictadas el pasado 17 y 23 de mayo en las que el juez da traslado a las partes de la información contenida en el sumario son "manifiestamente arbitrarias e injustas" y podrían constituir un delito de prevaricación judicial porque el secreto de la causa no se levantó hasta el 24 de mayo.
Cabe recordar que Peinado decretó el secreto tras la incoación de diligencias, a mediados del mes de abril, si bien permitió al abogado de Begoña Gómez asistir a las primeras declaraciones del procedimiento. Las mismas consistieron en la testifical de dos periodistas cuyas investigaciones se incluyeron en la denuncia de Manos Limpias.
El juez dio entonces traslado de la diligencia a Vox -partido que ostenta la dirección letrada por ser el primero en personarse- y explicó que lo hacía para no generarles indefensión, puesto que ellos no presenciaron dicha testifical. Transcurrido un mes desde la apertura de diligencias, el 16 de mayo, el juez prorrogó el secreto de las pesquisas.
La Fiscalía, que se opone a mantener viva esta causa, recurrió el secreto y determinó que a la única imputada entonces, Begoña Gómez, se le podía causar indefensión con esta medida. De esta forma, el juez corrigió su criterio y el 24 de mayo levantó el secreto. Días después la Audiencia Provincial de Madrid avaló su investigación, aunque le corrigió haber tenido la causa bajo secreto apuntando que era "innecesario".
La cascada de querellas interpuesta por el presidente del Gobierno y su mujer en apenas tres días de diferencia ha provocado un auténtico estupor en el mundo judicial. Jueces y magistrados de Plaza Castilla y de otras instancias están muy sorprendidos con la actuación de Pedro Sánchez y Begoña Gómez dado que es la primera vez que un presidente del Ejecutivo lleva a los tribunales contra un miembro del Poder Judicial.
La causa contra Begoña Gómez no se para
Con todo, el juez sigue adelante con el procedimiento y encara este nuevo mes pendiente de recibir documentos solicitados hace semanas. El juzgado está a la espera de que la SEPI aporte el expediente íntegro del rescate de Air Europa (de hecho, le ha apercibido recientemente para que agilice la entrega) y también de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) informe sobre los contratos públicos de Carlos Barrabés.
A estos documentos se añaden otros que acaba de reclamar el juez y que estrechan el cerco a las adjudicaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) a las empresas del socio de Begoña Gómez. En concreto, el juez ha librado oficio a la Fundación Deporte Joven (que preside el recientemente citado como testigo Félix Jordán de Urríes) para que aporte los contratos firmados con Innova Next; mercantil de Barrabés que se ha adjudicado más de 25 millones de euros en contratos públicos.
Del mismo modo también se ha dirigido a la Universidad Complutense de Madrid para recabar los convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias creadas y con los curriculum vitae de los directores y codirectores. El objetivo es comparar estas cátedras con la que se creó para Begoña Gómez tres meses después de reunirse con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, en la Moncloa.
En última instancia se dirige al Instituto de Empresa para que aporte el contrato suscrito entre el IE África Center y Begoña Gómez en 2018. Este contrato también puede revelar detalles de la actuación de Gómez en el IE dado que durante el periodo en el que dirigió este ente, se suscribieron contratos de patrocinio con Globalia.
El holding está también en el foco del juez y de las acusaciones puesto que, en paralelo a estos patrocinios Begoña Gómez mantuvo reuniones secretas con Javier Hidalgo. Meses después de los encuentros con el exconsejero delegado de Globalia, en noviembre de 2020, el Gobierno rescató a su aerolínea, Air Europa, con una inyección de más de 475 millones de euros.
