El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la querella presentada por varios particulares contra diversos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por un presunto delito de lesa humanidad en relación con la actuación de la Policía y la Guardia Civil en la jornada del 1 de octubre de 2017.
“No se aportan ni constan mínimamente acreditados datos o elementos objetivos que permitan considerar la concurrencia del delito de lesa humanidad del artículo 607 bis del Código Penal, por el cual se pretende imputar a los querellados, ya que carece del mínimo rigor que reclama dicho precepto, así como la insuficiencia probatoria en la que se sustentan las afirmaciones que ostentan, no apareciendo, por tanto debidamente justificada la perpetración del delito”, indica el auto, que sigue el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
El pasado 1 de octubre varios heridos en las cargas policiales durante el referéndum ilegal del 1-O presentaron una querella en la Audiencia Nacional por "crímenes de lesa humanidad" contra excargos del Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil en relación con la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante el referéndum independentista de Cataluña.
Además de estas personas directamente afectadas por las cargas policiales, la querella estaba suscrita por la Asociación Atenes, la Asociación de Afectados del 1-O y la Asociación de Abogacía de la Democracia de Lleida, que la notificaron a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de la Haya.
Querella
En concreto, la querella iba dirigida contra el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos; el exjefe de zona de la Guardia Civil en Cataluña, Ángel Gozalo Martín; el exjefe de la Policía Nacional en Cataluña, Sebastián Trapote Gutiérrez, además de los subdelegados del Gobierno en las otras provincias catalanas.
Los querellantes explicaban justificaban la presentación de la querella en lo que consideraban un "ataque sistemático", "planificado" y "generalizado" contra la población civil durante la celebración del referéndum unilateral, por motivos "políticos e ideológicos". Por ello, pedían que se investigara a los responsables por presuntos delitos de lesiones y torturas penados con prisión de entre cuatro y ocho años.
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