El titular del juzgado de Instrucción numero 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer ha pasado del anonimato al estrellato en sólo unas semanas. Después de veinte años de peregrinaje por los juzgados de Tarrassa, Sant Boi, Badalona y, posteriormente, de Barcelona, este magistrado, veterano en las lides del derecho y con prórroga oficial para continuar en ejercicio activo hasta los 72 años, se ha convertido en una auténtica obsesión para los impulsores del plebiscito secesionista.
El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, anunció en un tuit su decisión de presentar una denuncia tanto contra él como contra los funcionarios judiciales y, por extensión, contra la Guardia Civil. Los propagandistas del Gobierno catalán habían hecho circular la especie de que los interrogatorios a los que altos cargos de la Generalitat habían sido sometidos por la Guardia Civil no respondían a instrucciones judiciales, sino que iban por libre. Un dato desmentido luego por fiscales y el propio magistrado.
Estas pesquisas, que han sembrado de inquietud y recelo al mundo secesionista, forman parte de la investigación abierta tras las denuncias presentadas por el abogado Miguel Durán, antiguo presidente de la ONCE y por el partido Vox contra el exjuez Santiago Vidal, quien había propalado en diversos actos públicos la especie de que el Ejecutivo de Puigdemont controla un presupuesto oculto para la celebración del referéndum.
El juez Ramírez se puso raudo a la faena. Apenas se le conoce, no se ha publicado documento gráfico sobre su persona, pocos serían capaces de identificarlo por la calle. Dicen los conocedores del mundo de los juzgados barceloneses que se trata de un trabajador infatigable, decidido, buen jurista y escasamente amigo de los actos sociales. Incluso fue condecorado por los Mossos, junto a otros varios magistrados, en aplauso a su labor.
Una bomba anarquista
Antes de convertirse en el juez más temido por los secesionistas, había sido la bestia negra de anarquistas y antisistema. En 2014 envió a prisión al miembro de un grupo casteller que participó en una manifestación y supuestamente incendió un contenedor. Tras casi un mes entre rejas, salió a la calle por falta de pruebas. Similar fue el caso del encarcelamiento de dos jóvenes activistas acusados de lanzar cócteles molotov contra una comisaría. Fueron absueltos e indemnizados. En venganza por estos actos, un grupúsculo denominado "las brigadas de la cólera" le remitieron un artefacto explosivo que no logró su cometido gracias a que fue detectado por los Mossos.
El juez Ramírez Sunyer legó incluso a abrir diligencias contra el anterior director de la policía autonómica, Albert Batlle, cesado ahora por su 'tibieza' secesionista, por un presunto delito de omisión tras la gran pitada al himno nacional en la final de la Copa del Rey de 2015. El juez desestimó casi de inmediato esa denuncia y archivó raudamente el caso.
Anda ahora enfrascado en seguir el rastro a los preparativos y financiación del referéndum ilegal del 1-0, dentro de la investigación abierta por las revelaciones del exjuez y exsenador de ERC, Santiago Vidal, conocido como 'Santi' en los ambientes. Sus investigaciones se centran en los responsables de la elaboración de un censo de catalanes en el extranjero, la puesta en marcha de la página web del "Pacto Nacional por el Referéndum" así como el ampuloso acto celebrado en el Teatro Nacional de Catluña para presentar la ley del Referéndum, pendiente aún de que se debata en el Parlamento.
Escuchas telefónicas
Las citaciones e interrogatorios por parte de la Guardia Civil de dirigentes de la Generalitat por estos actos ha hecho temblar al equipo de Puigdemont. Existe "ánimo de atemorizar" en todas estas acciones, decía el portavoz Turull, y acusaba a la Benemérita de actuar por su cuenta. El juez aludido acaba de desbaratar esa teoría. El caso Vidal sigue su con normalidad su camino bajo secreto de sumario. La denuncia interpuesta por la Generalitat contra la Guardia Civil y el propio juez seguramente conocerá el archivo.
El magistrado no se inmuta ante los aspavientos del gobierno catalán, ni ante los reproches del mundo secesionista, comentan en círculos judiciales. Está decidido a llegar hasta el fondo del asunto, a descubrir si ha existido financiación pública para algunas partidas o actividades relacionadas con el referéndum. Tal es el grado de inquietud que despiertan sus pesquisas, que circula la especie de que el juez autorizó en su día a la policía judicial la intervención de líneas telefónicas y de comunicaciones por email entre los principales dirigentes secesionistas. "Puede haber de todo", señalaba el dirigente de uno de los partidos que impulsan la secesión. Nada ha trascendido sobre este particular. Ni siquiera se ha confirmado la existencia de ese material. Pero la sombra del juez Ramírez Sunyer es tan alargada que nadie descarta que tal versión sea una realidad.
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