La Audiencia de Valencia ha ordenado la reapertura de la investigación sobre los grandes premios de Fórmula 1 en la capital valenciana al apreciar indicios de que el expresident Francisco Camps pudo cometer prevaricación en relación con uno de los hechos del sumario.
En concreto, se deberá investigar si la orden de firmar un contrato por el que la Generalitat se convertía en avalista de los organizadores del evento fue decidida aparentemente "sin seguir procedimiento administrativo alguno", según el auto de la sección segunda de la Audiencia al que ha tenido acceso EFE.
Se revoca así parcialmente el archivo provisional de la causa referida a la organización de los grandes premios de Fórmula 1 en Valencia entre 2008 y 2012 en la que solo quedaba como investigado Camps, y ha acordado la reapertura de la investigación judicial, aunque solo en relación con la decisión del Consell de convertirse en avalista de los organizadores del evento.
En la firma de ese contrato, en virtud del cual la Generalitat sustituyó como avalista a Bancaja, "podría existir una omisión absoluta del procedimiento legalmente establecido", añade el auto.
Y apunta: "Cabe atribuir, visto el contenido de la información que ofrecen las diligencias practicadas, participación relevante en tal decisión al señor Camps".
También se asegura que "no se ha explicado la necesidad y justificación por la que Bancaja estaba interesada en que cesara su afianzamiento", antes de señalar que "existen indicios abundantes" de que la falta de respeto al procedimiento en la firma del contrato "se debió a la indicación expresa al respecto del investigado señor Camps".
"Con independencia de cuáles fueran los motivos para ello, cabe considerar, en este momento y con la información con la que se cuenta, que tales hechos pudieran constituir una conducta constitutiva del delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal", concluye el auto.
La Audiencia ordena a la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia que esclarezca qué consecuencias pudo tener para el Gobierno valenciano el compromiso asumido por la Generalitat de actuar como avalista en la organización de las pruebas automovilísticas a partir de julio de 2011.
La condición de avalista implica, aparentemente, la obligación de pagar una deuda en caso de que haya impagos.
En todo caso, el auto ordena a la instructora que reabra la investigación y esclarezca, bien mediante prueba pericial o bien "por la vía argumentativa", "qué consecuencias jurídicas efectivas y susceptibles de reclamación podría haber tenido para la Generalitat Valenciana que se le hubiera exigido el cumplimiento de las obligaciones contraídas" como avalista.
Y, en concreto, si la firma del contrato que situaba al Ejecutivo valenciano en esa condición fue un acto decisorio adoptado sobre el fondo de un asunto y de carácter ejecutivo.
Se atiende así la petición de la Abogacía de la Generalitat, pero solo en lo relativo al citado aval, sin que se admita el resto de peticiones relativas a la acumulación de piezas o a la reapertura del procedimiento en relación a la exasesora del president Belén Reyero.
La causa sobre la organización de la Fórmula 1 en Valencia se abrió hace casi cinco años para investigar las negociaciones para la organización del Gran Premio de Europa a través de Valmor Sport y la posterior absorción de esta sociedad por la empresa pública Circuito del Motor.
Sin embargo, fue archivada el pasado mes de diciembre con el beneplácito del fiscal y la oposición de la Abogacía de la Generalitat, cuyo recurso prospera ahora parcialmente.
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