Seis vocales del Consejo Fiscal se han rebelado contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, y han emitido su propio informe sobre la amnistía después de que éste se haya negado a informar sobre la futura ley a petición del Senado. Estos vocales, que son mayoría en el órgano, se han plantado contra el criterio del fiscal general, denunciando que se les ha ocultado las peticiones de la cámara alta y que tampoco se les ha atendido su petición de pronunciarse sobre una ley de este calibre.
Estos seis vocales de la Asociación de Fiscales, mayoritaria de la carrera, forman parte del Consejo Fiscal, que lo componen nueve vocales electos y tres 'natos', entre ellos el fiscal general del Estado. En un comunicado relatan que desde que el Senado requirió informe de este órgano el pasado 7 de diciembre en relación a la ley de amnistía no se les ha dado respuesta a ninguna de sus solicitudes formuladas.
En concreto dicen que tuvieron conocimiento por la prensa tanto de esta primera petición como de una segunda cursada por el presidente de la cámara alta, el 23 de enero. Un día después estos vocales remitieron al fiscal general un escrito en el que mostraron su "más profunda estupefacción y rechazo" por el hecho de que no se les informara de una petición de esta "naturaleza y relevancia procedente de un órgano constitucional". Además, pidieron también que se diera curso de la solicitud, pero la petición nunca llegó a ser atendida.
"Descortesía" del fiscal general
Los hechos se han repetido en las últimas horas tras conocer, de nuevo otra vez por la prensa, una tercera solicitud del Senado para que el Consejo Fiscal informe de esta materia al igual que hace con todas las leyes que no se tramitan por la vía de urgencia. Por ello este mismo lunes volvieron a instar al sucesor de Dolores Delgado a que diera traslado de todas estas peticiones al Consejo Fiscal, órgano consultivo que perdió la mayoría progresista en las elecciones de 2022.
"Nos resulta inconcebible que el Fiscal General del Estado estime que las peticiones formuladas por los Vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado. Pero si esa muestra de descortesía merece reproche, el mayor de los rechazos debe centrarse en la ocultación al Consejo Fiscal de las peticiones formuladas por el Senado, de manera que el órgano requerido sólo haya podido tener constancia de las peticiones que se le dirigían a través de la prensa", reza el comunicado de los vocales.
En cuanto al fondo del asunto los vocales apuntan que no comparten las razones dadas por el fiscal general del Estado para denegar un pronunciamiento de la institución sobre una ley tan importante e inédita en democracia. La última de ellas las plasmó en un escrito de este pasado lunes en el que García Ortiz apeló a la "inviabilidad" del Consejo Fiscal en cuanto a la remisión de informe sobre la amnistía al "carecer de competencia para informar de proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria".
"La amnistía vulnera el principio de igualdad"
Pese a ello, los vocales de la Asociación de Fiscales han presentado su propio informe que desgrana en 160 páginas los motivos por los que la ley de amnistía vulnera el principio de igualdad y el de seguridad jurídica. El documento determina que resulta "insostenible" afirmar que la ley que dejará en agua de borrajas todas las causas del procés tiene encaje constitucional.
"La PLOA se configura como un instrumento esencialmente discriminatorio porque clasifica a los ciudadanos entre los protegidos por un derecho fundamental al actuar por una motivación política frente a los que tienen otro pensamiento que, por otro lado, no tienen por qué revelar", reza el informe en alusión a los políticos independentistas a los que se les borrarán sus causas penales.
Los vocales, que se pronuncian en términos muy similares a los alegados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), añaden también que la letra pequeña de la futura norma que el Gobierno ha pactado por Junts y ERC es contraria al Derecho de la Unión Europea.
En concreto, denuncian que la rebaja del delito de malversación es contraria a los compromisos internacionales asumidos por España en la lucha contra la corrupción. "Nada hay más contrario a la eficacia en la lucha contra la corrupción que su olvido, cualquiera que sea la forma criminal en que se manifieste", sostiene el informe.
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