Las regiones gobernadas por el PSOE ya ven las orejas al lobo. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y son conscientes de la impopularidad y malos datos que pronostican las encuestas para el presidente Pedro Sánchez. Los enfrentamientos verbales de Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla La-Mancha, con el PSOE monclovita han tenido más eco en la esfera mediática, pero el caso paradigmático de esta rebelión es el Gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valencia, desobedeciendo por partida doble a Sánchez: bajando impuestos y abrazando a la sanidad privada para agilizar las listas de espera.
Puig fue el primero en dar el bandazo socialista en política fiscal, tras semanas de ataques y críticas a las comunidades gobernadas por el PP por parte del Ejecutivo central. Este desplante del líder del PSOE valenciano no sentó bien en Moncloa, que no aplaudió públicamente su reforma fiscal, aunque sí se empeñó en apuntar a sus diferencias respecto a las de los populares ("beneficia más a las clases bajas").
La política fiscal no es el único giro de 180 grados que da el Gobierno de Ximo Puig. Ahora, el Ejecutivo valenciano abraza a la sanidad privada para poder reducir unas listas de espera históricas. Cabe recordar que el socialista valenciano siempre se jactó de combatir la privatización de la sanidad en su región, y fue el principal impulsor, junto a Carmen Montón, por entonces consejera de Sanidad, del desmantelamiento de la gestión privada (Ribera Salud) del Hospital de Alzira. Esta reversión tuvo consecuencias nefastas para los resultados sanitarios del centro. Las listas de espera quirúrgicas llegaron a triplicarse, pasando de los 57 días a los 156 en dos años. Creció notablemente el absentismo laboral y el centro tuvo un sobrecoste añadido anual de 76 millones de euros.
Por aquel entonces, Carmen Montón firmaba en Público un artículo donde afirmaba: "La gestión pública de la sanidad, por tanto, tiene el más potente indicador de eficacia que se puede poner una sociedad: salva vida... Ni el millonario marketing que usualmente acompaña a este modelo de negocio de la privatización sanitaria han podido tapar las carencias y la falta de capacidad de una sanidad que solo es posible a costa del sistema público".
Montón se encuentra hoy al frente de la Embajada Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras que Puig se dispone a firmar un pacto con la demonizada sanidad privada, desdiciendo las palabras de la exministra de Sanidad y también de quién hoy lidera dicho Ministerio, Carolina Darias.
Listas de espera récord
La ministra canaria superó hace un par de semanas las enmiendas a la totalidad hacia la Ley Darias, una norma que busca limitar mucho más los conciertos sanitarios de colaboración público-privada. Este coto a la sanidad privada se produce en un momento en que 700.000 españoles se encuentran en lista de espera para ser operados y casi 3 millones para ser atendido por un especialista. Unas listas de espera históricas provocadas por la escasez de personal sanitario y el tapón que supuso la pandemia de coronavirus.
Mientras la ministra de Sanidad buscará poner trabas a los convenios sanitarios, Ximo Puig hace exactamente lo contrario. El presidente de la Generalitat valenciana va a incrementar el presupuesto destinado a los conciertos sanitarios para hacer frente a las listas de espera. En concreto, se va a pasar de los 15 millones de euros presupuestados inicialmente hasta los 22 millones.
Puig también va a reformar el decreto 97/1996 para introducir la posibilidad de que “un paciente que tenga que ser operado de las patologías más prevalentes y tenga que esperar más de 60 días pueda elegir desde el primer momento ser intervenido en la sanidad concertada”.
El Gobierno de Sánchez, a contracorriente
Cabe analizar la situación de dos maneras. O bien son las comunidades autónomas las que andan en sentido contrario al del Gobierno de Sánchez, o bien es el Gobierno de Sánchez el que camina a contracorriente del sentido de los tiempos. Mientras las CCAA bajan impuestos, el Gobierno central los sube. Hasta seis CCAA han anunciado planes de colaboración con la sanidad privada para reducir las listas de espera (Cataluña, Baleares, Murcia, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana), pero Moncloa insiste en aprobar una ley que frene esta colaboración en pos de la protección de la sanidad pública.
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