La recusación por parte de la Fiscalía de un magistrado conservador del Tribunal Constitucional (TC) ha desencadenado un enfrentamiento abierto con la amnistía de fondo. El escrito firmado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidiendo apartar al recién llegado José María Macías por su criterio sobre la polémica ley, ha provocado estupor dentro del tribunal de garantías, que entiende el movimiento como una venganza.
El insólito gesto de la Fiscalía -no se recuerda que en democracia haya solicitado apartar a un magistrado del TC de una deliberación- ha recrudecido la situación en un Tribunal Constitucional completamente dividido que, a falta de sorpresas, avalará la amnistía al imponerse la mayoría progresista.
En ese sentido, fuentes del órgano consultadas por Vozpópuli entienden que esta recusación de la Fiscalía a Macías obedece, por un lado, a la pérdida de uno de los magistrados del bloque progresista y, por otro, a una venganza contra este magistrado, por sus acciones como vocal del Consejo General del Poder Judicial.
Las recusaciones por la amnistía
En relación con el primero de los motivos, conviene recordar que el Pleno del TC admitió la petición de Juan Carlos Campo de abstenerse de las votaciones sobre la amnistía. Ello se debió que el magistrado, durante su etapa como ministro de Justicia de este Gobierno, estampó su firma en las resoluciones de los indultos donde se reconocía la amnistía como inconstitucional.
Van a conseguir que la ciudadanía no solo desconfíe de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, sino que acaben pidiendo su supresiónFuentes del TC
Esta abstención de Campo hizo que el bloque progresista se redujera a seis miembros, situación que, según las fuentes consultadas, inquietaba al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Cónde-Pumpido, ya que busca que el TC avale la amnistía por la máxima. En ese sentido, una posible recusación contra Macías sonaba antes incluso de que el magistrado jurara como nuevo miembro del TC hace ahora dos semanas.
Lo sorprendente ha sido que lo haya planteado la Fiscalía. El Ministerio Público está legitimado para actuar en este caso, dado que se va a deliberar sobre una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo. El alto tribunal tiene que resolver sobre el recurso de un condenado por desórdenes públicos por unos altercados ocurridos en Gerona en 2019, en protesta de la sentencia del procés.
A diferencia de lo que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, en donde no participa la Fiscalía, en las cuestiones de inconstitucionalidad, el Ministerio Público es parte del procedimiento. En ese sentido, el fiscal general ha irrumpido para pedir que aparten a Macías, no tanto por sus manifestaciones contrarias a la amnistía, como por los pronunciamientos del CGPJ del que formaba parte.
"La deslegitimación es tremebunda"
En concreto, García Ortiz apela a un informe de noviembre del año pasado, en el que el órgano se erigió como la primera institución en criticar la futura ley, y también a otro dictamen emitido en marzo del año pasado, a propuesta del Senado, en el que de nuevo negaron la constitucionalidad de esta norma que deja en agua de borrajas diez años de procés.
Las fuentes consultadas por este medio entienden el movimiento de la Fiscalía como una venganza ya que Macías fue uno de los vocales del anterior CGPJ que votó en contra de avalar el nombramiento de García Ortiz como fiscal general. En concreto, fue el 30 de noviembre del año pasado cuando el Pleno decidió no respaldar a García Ortiz por ocho votos frente a siete.
Pese a tratarse de la primera vez que el CGPJ no daba el visto bueno a la candidatura de un fiscal general, Moncloa le nombró igualmente. Sánchez le reelegió para el cargo al que ascendió a mediados de 2022, tras la dimisión de su entonces jefa y mano derecha, Dolores Delgado.
Las fuentes consultadas dan por hecho que ha existido un concierto entre el fiscal general -que está al borde de ser investigado en el Tribunal Supremo- y Cándido Conde-Pumpido. En ese sentido consideran que cuando se lleve a Pleno la recusación de la Fiscalía, los progresistas impondrán su mayoría para respaldar la recusación y apartarle del debate.
Queda por ver si la Abogacía General del Estado, que también es parte de este procedimiento, se pronuncia al respecto. Con todo, las voces consultadas consideran que con este movimiento se busca crear un tribunal 'ad hoc' con el que se asegure el aval a la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Fiscalía y Puigdemont, contra Macías
Máxime porque las recusaciones planteadas en los recursos del Partido Popular contra el propio Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez (magistrada que aterrizó en el TC proveniente del Ministerio de Presidencia) se estudiarán cuando se aborden los recursos de inconstitucionalidad, mucho más adelante. Así pues, en este primer pronunciamiento de la amnistía participarán la totalidad de los miembros, a excepción de Campo y de, muy previsiblemente, Macías.
"Van a conseguir que la ciudadanía ya no solo desconfíe de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional, sino que acaben pidiendo su supresión. La deslegitimación es tremebunda", rezan otras voces. Las mismas entienden que el TC (que no prevé abordar esta recusación en el Pleno de la semana que viene) firmará su esquela cuando aparte definitivamente a Macías del debate de la amnistía.
Cabe recordar que la defensa de Carles Puigdemont -que será uno de los más beneficiados con la norma- recusó al magistrado Macías para apartarle de las deliberaciones. No obstante, esta solicitud se formuló en relación a todos los recursos de amparo planteados con el procés y la amnistía, por lo que se trata un procedimiento diferente al planteado por el Tribunal Supremo.
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