El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde diciembre de 2018. Las conversaciones para renovar a sus veinte vocales y al presidente parecían estar avanzando entre el PSOE y el PP. Tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, la línea oficial de los populares vuelve a apuntar a la intención de despolitizar el órgano con la vuelta al sistema de designación de los vocales anterior a 1985.
Entonces fueron los socialistas de Felipe González quienes hicieron que los nombramientos recayesen mayoritariamente en los partidos políticos, a través del Congreso y el Senado. Doce del denominado turno judicial y otros ocho que se escogen entre juristas de reconocido prestigio. Con ello se pretendía democratizar el sistema y evitar el sesgo conservador que se atribuía a una judicatura integrada todavía por muchos profesionales que habían accedido a la carrera durante el franquismo.
Sin embargo, los dos grandes partidos han ido designando desde entonces a los vocales sin mayor problema, aunque con algún bloqueo como el actual. Pero con el nuevo tablero político, la cosa empezó a cambiar. Formaciones como Ciudadanos o Podemos llegaron pidiendo despolitizar la Justicia. Incluso el PSOE de Pedro Sánchez en campaña abogaba por cumplir una de las grandes reivindicaciones en la que coinciden las asociaciones judiciales.
Los morados entraron en 2018 en la negociación para el reparto de puestos, donde los dos grandes partidos acercaron posturas para que lo presidiese Manuel Marchena, después protagonista en el juicio del procés. En tanto en cuanto no cambie el sistema, creyeron necesario estar representados en el órgano. Los de Albert Rivera se mantuvieron al margen de unas conversaciones que acabaron saltando por los aires.
El Consejo, tradicionalmente repartido entre conservadores y progresistas, es el órgano de gobierno de los jueces. La idea es que estos puedan regirse al margen del Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo). Entre sus muchas funciones está la de nombrar los puestos más relevantes en las diferentes instancias judiciales como el Tribunal Supremo, las presidencias de los TSJ, o en las Audiencias Provinciales.
Asimismo, también ejerce labores disciplinarias. Es decir, puede amonestar a los jueces por sus faltas. En materia de organización puede decidir si se asignan jueces de refuerzo a determinados órganos judiciales.
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