El Gobierno ha aprobado este martes una reforma que pretende impulsar la resolución de conflictos fuera de juzgados y tribunales mediante instrumentos de mediación para descargar así a la administración de Justicia, hasta el punto de hacerlo obligatorio antes de acudir a la vía judicial.
Se trata del anteproyecto de ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, con el que se pretende dar respuesta al "incremento de la litigiosidad provocado por la pandemia", como ha dicho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al término del Consejo de Ministros.
Con esta reforma, Justicia apuesta por impulsar los medios adecuados de solución de controversias como fórmula para recuperar la capacidad negociadora de las partes y "afrontar estas situaciones de conflicto sin llegar al punto final que son los tribunales".
Asuntos civiles y mercantiles
Estos medios vinculan a los asuntos civiles y mercantiles, y será preceptivo adjuntar a la demanda el documento que acredite haber intentado una negociación previa a la vía judicial.
Se contemplan como mecanismos la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial.
La validez que tendrá el acuerdo alcanzado es exactamente el mismo que si es resuelto por un juez, es decir, de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto.
Según el ministro, "si se logra que uno de cada cuatro procedimientos civiles termina en un acuerdo entre las partes, el sistema judicial se descargará más de medio millón de procedimientos" y se hará "una recanalización de recursos" de unos 380 millones de euros al año para cuestiones que lo demanden.
Asimismo, el anteproyecto fomentará las sentencias orales para llegar a un horizonte que el ministro ha estimado en unas 60.000 sentencias al año, se ampliará el ámbito del juicio verbal y se modificará el recurso de casación civil.
También apuesta por una mayor transformación digital para, entre otras cosas, evitar desplazamientos a las sedes judiciales, por lo que se generalizará la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia y se impulsará un registro electrónico de apoderamientos apud acta, que permitirá el otorgamiento telemático.
