Uno de los objetivos de la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es acabar con la temporalidad, pero uno de sus vericuetos legales podría suponer un varapalo de primer orden al sector de la investigación nacional. Es más, según confirman a Vozpópuli fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), está en riesgo el empleo de 25.000 investigadores.
"Hemos valorado el acuerdo de la reforma laboral porque repercutirá de manera positiva en la Universidad, pero debe subsanar una disfunción que no se ha tenido en cuenta y que, unida al error de mantener la tasa de reposición, podría generar un impacto muy negativo en el ámbito de la investigación", explican desde la Crue.
Actualmente, el modelo de contrato empleado por las universidades para los investigadores, y también los técnicos, es el contrato por obra y servicio que está ligado a la duración y fondos de los proyectos de investigación. Los rectores universitarios aseguran no estar en contra de la reforma laboral, "en absoluto", pero si advierten de que la eliminación de esa figura contractual sin una alternativa adecuada "para dar continuidad a nuestro personal investigador y sin pensar en las características propias de la Investigación, paralizaría el 60% de los contratos actuales de obra y servicio, que son unos 25.000".
Es decir, que la reforma laboral elimina una figura contractual que es a la que acuden hoy en día universidades y fundaciones para contratar investigadores. Alguien podría preguntarse si no es ese precisamente el objetivo de la norma, acabar con la temporalidad y que a estas personas se les conceda un contrato indefinido. Pues bien, la legislación tampoco permitiría contratar de manera indefinida a estos trabajadores.
Lo explican desde la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH): "La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 sigue manteniendo la prohibición de realizar contratos indefinidos en todo el sector público (administraciones, fundaciones, consorcios y empresas públicas), excepto por la tasa de reposición. Esta tasa de reposición es completamente insuficiente para incorporar de forma indefinida a todo el personal de investigación que se necesita para mantener en funcionamiento las líneas de investigación actuales. De hecho, en muchas entidades de reciente constitución como las Fundaciones de Investigación Biomédica (FIB), que son los organismos que contratan a la inmensa mayoría del personal de investigación hospitalario, esta tasa es nula, ya que no tienen apenas bajas. Por ello se ha acumulado una temporalidad superior al 80% en este sector".
La ANIH también celebra la reforma laboral, ya que aseguran que va a ayudar a reducir la precariedad en la investigación pública al eliminar los contratos temporales para proyectos de investigación. "La utilización exagerada de este tipo de contratos creaba de facto una situación de excepcionalidad por la que el personal de investigación podía encadenar contratos temporales durante años o décadas, en permanente inestabilidad laboral", aseveran. Pero solicitan que se subsane este error pues de ello dependen miles de puestos de trabajo y la continuidad de líneas de investigación de toda índole.
Una vía posible
Tanto los rectores universitarios como los investigadores hospitalarios apuntan a una posible solución: la Ley de Ciencia. "Una alternativa que sí contempla la reforma de la Ley de la Ciencia –pendiente de aprobar– es el 'contrato para actividades científico-técnicas'. Se trata de un tipo de contrato indefinido, pero sujeto a los fondos asignados al proyecto que sustenta la relación laboral entre la universidad y el investigador o investigadora", apuntan fuentes de la Crue.
"Esta reforma de la Ley de la Ciencia la venimos reclamando todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología desde hace mucho tiempo. Esperamos que se pueda aprobar cuanto antes y acabar así con la incertidumbre que existe ahora mismo. Si no, la otra opción, y así se lo hemos solicitado al Gobierno, es que el Ministerio de Hacienda emita una instrucción antes del 31 de marzo que nos permita hacer los contratos como hasta ahora", añaden. La Ley de Ciencia, sin embargo, es todavía un anteproyecto de Ley, por lo que habría que acelerar mucho los plazos para que pueda salir adelante.
Investigaciones paralizadas
La propia reforma laboral tiene un mecanismo que permite un plazo de hasta tres meses durante los que aún se pueden celebrar contratos temporales de hasta 6 meses de duración. "Eso es claramente insuficiente para mantener muchas de las investigaciones en marcha, así como las perspectivas de carrera investigadora de muchos investigadores y personal técnico", lamentan desde ANIH.
Esta asociación de investigadores avisa de que este limbo legal en el que pronto se encontrarán miles de investigadores ya está teniendo consecuencias en el sector. ANIH ha "constatado que la mayoría de las Fundaciones de Investigación Biomédica han introducido una moratoria en la celebración de contratos a la espera de que se clarifique la situación. Debido a la moratoria se ha bloqueado la contratación e incorporación al puesto de trabajo de docenas de investigadores que han recibido subvenciones públicas para la ejecución de proyectos. Por ello es urgente que se tomen medidas que desbloqueen esta situación".
Fuentes cercanas al Ministerio de Ciencia apuntan que la propia secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, ha trasladado la problemática a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La ministra de Ciencia, Diana Morant, también se ha comprometido a reunirse con todas las instituciones de investigación para encontrar una solución.
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