La renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sigue en punto muerto por la falta de acuerdo entre los partidos políticos. Aunque las negociaciones entre PSOE y PP llegaron a estar muy avanzadas, los de Pablo Casado se niegan a pactar con los socialistas los nombramientos mientras Unidas Podemos esté en el Gobierno.
Ante este bloqueo y después de no conseguir impedir que el órgano de gobierno de los jueces (en funciones desde 2018) decidiese aprobar importantes nombramientos -algunos en el Tribunal Supremo-, el Ejecutivo desliza la posibilidad de acometer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que evite tener que contar con el concurso de los populares.
Según adelantó El País, la reforma normativa podría pasar por reducir la mayoría necesaria que la actual ley contempla para nombrar en el Congreso y el Senado a los doce miembros de origen judicial. La Constitución fija que los otros seis vocales -elegidos entre expertos y juristas de reconocido prestigio- se designan por mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras.
"Entendemos que es una propuesta contraria al artículo 122.3 de la Constitución", dice Manuel Almenar, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La Carta Magna se remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial para el modelo de elección de los vocales de la carrera judicial, aunque sí concreta la mayoría necesaria para designar a los que se eligen entre juristas. La LOPJ adaptó esa misma mayoría.
"Resultaría absurdo que para la elección de vocales juristas existiese una mayoría cualificada de tres quintos y para la de los vocales judiciales se exigiera únicamente una mayoría simple", añade. "Además de inconstitucional, esta reforma contribuiría a la politización del órgano. Si la Constitución impone una mayoría de tres quintos es para asegurar que los vocales son nombramos como consecuencia de una negociación y un amplio consenso parlamentarios. Cuanto más rebajos las mayorías necesarias, más se presta a una actuación unilateral y más perjudica la independencia del órgano", remata.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) creen que la posible reforma apunta en una línea contraria de lo que vienen reclamando desde hace años para la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Hace apenas dos semanas fue rechazada la toma en consideración por el Pleno del Congreso una proposición de Ley de Ciudadanos para reformar el sistema de nombramiento.
"El problema de reducir el umbral de mayoría exigido es que quien tenga la mayoría parlamentaria, monopoliza la elección porque al final va a elegir a quien quiera", opina Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de AJFV. "Vamos a estar en la misma situación que ahora pero peor, porque ni siquiera van a tener que hacer el esfuerzo de hablar con la minoría, que queda excluida del proceso de elección", añade. "La finalidad de la iniciativa es perjudicial. Lo que nosotros pedimos es una reforma en sentido contrario, para sacar la elección de los vocales del ámbito del Parlamento para despolitizar la imagen del CGPJ que acaba contaminando a la Justicia", concluye.
"Nuestra prioridad es que se renueve; que se pongan de acuerdo los partidos y que alguien ceda. Y luego apostamos por todas las fórmulas legales. Si esto se dilata, habrá que buscar fórmulas legales dentro de la Constitución para modificar la ley e incluso el concepto de los tres quintos", dice Ascensión Martín, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. La asociación acordó que su preferencia era que esos doce vocales fuesen elegidos por sus propios compañeros. Pero nunca se ha acometido la reforma. "Con los tres quintos, no hay posibilidad de renovar a no ser que el PP quiera. Así que o se reforma la ley o es imposible", añade.
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