El Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, pendiente aún de tramitación parlamentaria, no solo ha suscitado críticas incluso desde dentro del PP y desde sectores conservadores, sino que plantea algunas dudas. El texto contempla como uno de los tres supuestos en los que una mujer podría interrumpir su embarazo el hecho de que éste constituya "un peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", pero para acreditar dicho riesgo serán necesarios dos informes médicos emitidos por diferentes profesionales, además del paso por servicios sociales. Lo que no explica el anteproyecto de Ley es si el acceso al área de psiquiatría desde el médico de atención primaria o el ginecólogo se hará por algún tipo de vía urgente como paciente preferente, dado que en los casos de interrupción del embarazo el tiempo corre en contra y la lista de espera para ver al especialista en el sistema público puede ser de varios meses.
El ministro Alberto Ruiz Gallardón ya ha advertido que no está dispuesto a modificar ni una coma de lo esencial de su proyecto de ley antes de su aprobación, pero lo que sí tendrá que hacer el Gobierno es matizar cómo piensa articular algunos aspectos, como puede ser el del peregrinaje por las consultas psiquiátricas en busca de los informes requeridos y sus tiempos de espera. En el caso antes citado, el del peligro para la vida o la salud física de la madre, se exigirán dos informes de dos psiquiatras que coincidan en que, como indica el texto, "se produce un menoscabo importante a su salud" y que además ejerzan en distintos centros, ya sean públicos o privados, al que se vaya a practicar el aborto.
El anteproyecto no especifica si las mujeres que quieran abortar podrán visitar por vía preferente a los psiquiatras, especialistas con pacientes con problemas de salud mental, muchos de los cuales también necesitan citas urgentes
Si el grave peligro para la salud psíquica de la mujer tiene su origen en una malformación fetal incompatible con la vida, entonces solo se requerirá un informe psiquiátrico, además de otro firmado por el especialista que avale la anomalía. Por último, con los dos informes médicos y con la certificación de haber recibido la información clínica sobre los riesgos que conlleva abortar, la mujer será derivada por su ginecólogo o médico de cabecera, a los servicios sociales, esto sí, saltándose la lista de espera si la hubiera. Eso si el proceso no se alarga aún más, porque la ley abre la puerta a que intervengan aún más médicos cuando dice: "En la medida que fuera necesario podrán intervenir otros profesionales o especialistas". En caso de violación bastará con una denuncia y si hubiera riesgo vital para la gestante se prescindirá de informes, asesoramiento y otros trámites.
Sobre el papel parece un laberinto clínico-administrativo, pero en la práctica podría resultar incluso imposible si el Gobierno no agiliza de alguna manera la atención a las mujeres que necesiten pasar antes por el psiquiatra para poder abortar. Fuentes del sector consultadas por Vozpópuli indican que la lista de espera para psiquiatría en un centro de salud de Madrid es de dos meses de media. Otra opción es ir directamente a la unidad de salud mental del centro de salud, pero son pocos los que disponen de ella. Pese a todo, y aunque la mujer deberá esperar 7 días desde que sea informada por los servicios sociales hasta que se practique el aborto, el texto indica que, para los casos despenalizados por la ley, "se asegura la cobertura en tiempo de esta prestación por el Sistema Nacional de Salud, a través de servicios propios o concertados". Una garantía un tanto ambigua que deja entrever la posibilidad de derivar a los servicios privados.
Personas que padecen alguna enfermedad mental y han sufrido un brote o una crisis son pacientes con preferencia que acceden a la consulta psiquiátrica directamente a su salida del hospital. Si necesitan ser atendidos de manera más o menos urgente a causa de alguna descompensación importante, la cita puede tardar alrededor de una semana. Pero, las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y necesiten ver a estos especialistas en el menor tiempo posible para cumplir con los plazos, ¿serán tratadas como pacientes preferentes? "Es algo que parece que no se ha pensado o que ni siquiera ellos (el Gobierno) saben cómo lo van a hacer", coinciden varias fuentes sanitarias consultadas. "En esas circunstancias, todas las mujeres serían preferentes, pero no se puede", agregan.
Para visitar por primera vez al psiquiatra, en un centro de salud cualquiera de Madrid, la lista de espera ronda los dos meses
Sin embargo, y al ser la Sanidad competencia de cada comunidad autónoma, los tiempos de espera pueden variar en función del lugar y la especialidad. Así, mientras en Castilla La Mancha suele ser más ágil, en la Comunidad Valenciana la primera cita con el psiquiatra puede ir de 15 días hasta 6 meses, según explica Alfonso Rodríguez, presidente de FEAFES Comunidad Valenciana y AFEMA (Asociación de Familias con Enfermedad Mental de Alicante). Rodríguez, acostumbrado a pelear por los derechos y la integración de personas con algún trastorno mental, cuenta cómo en su comunidad a veces hay incluso demora para atender a los pacientes más graves. Se ha dado alguna situación en la que ha habido una baja o un traslado de un médico y varios cientos de pacientes han estado meses sin doctor esperando que se cubriera la plaza, lo que evidencia la falta de recursos en este ámbito. "Algunos psiquiatras no hacen terapia de grupo con los enfermos porque no pueden. Les ven, les diagnostican y reciben cada 15 días a los más problemáticos, pero el seguimiento de los demás puede demorarse meses". En situaciones en las que están "desbordados" hay psiquiatras que asumen pacientes que no son suyos. "Depende muchas veces del voluntarismo de los profesionales", lamenta.
Psiquiatría, una profesión por y para la salud mental
"A los profesionales se nos confiere el papel de tutores de la voluntad de las mujeres, otorgándonos a los psiquiatras un poder que no queremos", se quejaba la AEN en un comunicado
El anteproyecto de ley de Gallardón tampoco ha sido bien recibido en el entorno de la psiquiatría. La mayoría de los profesionales consideran que su labor no debe ser la de determinar si una mujer debe continuar con su embarazo o no. En esta línea, la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que concentra a 2.000 profesionales relacionados con la salud mental, fue muy claro en el comunicado en el que expuso su total rechazo al cambio legislativo: "Obligar a emplear el supuesto de enfermedad psíquica de las mujeres, con el estigma existente, hace que las mujeres para poder abortar, tengan que ser definidas como enfermas mentales persistente en el tiempo". Además, continúan, "a los profesionales se nos confiere el papel de tutores de la voluntad de las mujeres, porque coloca a la mujer embarazada en la posición de ceder el control de su cuerpo a terceros, otorgándonos a los psiquiatras un poder que no queremos". "Los psiquiatras en la decisión de que la mujer aborte o no, no tenemos nada que decir. Podemos intervenir si la mujer nos lo demanda, para aliviar, consolar, apoyarla ante la decisión que ha tomado (...) Pero no podemos inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro", prosigue el comunicado.
Asimismo, la Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM), en un escrito similar, pedía mantener vigente la Ley de plazos: "Nuestra profesión nos avala para proteger, cuidar e integrar socialmente a los enfermos mentales, pero no para despojar de derechos a las mujeres".
España tiene déficit de psiquiatras. La media es de 5,7 profesionales por cada 100.000 habitantes, pero 8 comunidades están por debajo de esa media
España tiene un déficit de 365 profesionales de psiquiatría. De acuerdo con el informe de Oferta y Necesidad de médicos especialistas en España (2010-2025), la media se sitúa en 5,7 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Tomando esa referencia, siete comunidades se sitúan por debajo de la media: Andalucía, que necesitaría 55 profesionales para alcanzar la media; Cantabria, que necesitaría 2; Castilla y León, 14; Catalunña, 270; Extremadura, 20; La Rioja, 2 y Ceuta y Melilla, 2.
Interrumpir el embarazo con la ley de 2010
Hasta ahora, y mientras la ley de plazos de 2010 siga vigente, el procedimiento es sencillo. La mujer que desea no seguir adelante con su embarazo se lo comunica a su médico de cabecera, quien tiene la obligación de preguntarle los motivos de su decisión e informarle de las consecuencias y los soportes que le ofrece el Estado. De ahí pasa a asistencia social, donde es atendida en cuestión de uno o dos días y desde donde es derivada directamente a una de las clínicas del listado que se le ofrece. Una vez en el centro donde fuera a tener lugar la intervención tiene otra entrevista, que no examen, con otro médico, el cual le informa de los aspectos más científicos y técnicos. Con la ley de plazos no hace falta ningún informe psiquiátrico y ofrece a la mujer la posibilidad de decidir por sí misma ser madre o no durante las 14 primeras semanas de su embarazo. De prosperar la ley provida de Gallardón, quienes decidan en última instancia serán los médicos.
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