Esta semana se hizo público el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El texto alude al “principio de estabilidad presupuestaria” y a la “eficiencia en el uso de los recursos públicos locales” para introducir una serie de modificaciones en el régimen de las administraciones locales, desde la devolución de determinadas competencias a las comunidades autónomas hasta la disolución de algunas mancomunidades.
Entre todas estas medidas, también se presentó un baremo para igualar el sueldo de alcaldes y concejales a nivel nacional, que hasta el momento dependía únicamente de lo que decidiera cada corporación. Así, el Gobierno central será quien cada año marque los límites, tal como recoge el anteproyecto de la llamada reforma local. “Los Presupuestos Generales del Estado determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y asistencias”, indica el texto.
Este máximo sufrirá una reducción progresiva según el tamaño del municipio, dejando a los alcaldes de poblaciones menores de 1.000 habitantes sin retribución alguna, al igual que el resto de sus equipos de Gobierno, que tampoco podrán tener dedicación exclusiva.
En este grupo se encuentran 4.841 localidades en toda España, un 60% del total según datos de población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esas casi 5.000 corporaciones son las que no podrán tener ningún miembro con dedicación exclusiva, otro de los puntos que quedará modificado tras la reforma de las administraciones locales.
Aplicando los datos del último padrón del INE a los límites impuestos por la reforma local, alrededor de 2.500 ayuntamientos quedarían en los grupos más bajos por tener entre 1.000 y 10.000 habitantes. Estos consistorios son los que podrán tener uno, dos o tres miembros con dedicación exclusiva. Por el contrario, sólo seis poblaciones en toda España tienen más de medio millón de habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga).
“España es un país de municipios pequeños”, indican a Vozpópuli desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque reconocen que “la situación no va a cambiar mucho, porque en los municipios pequeños normalmente no hay dedicación exclusiva y no se cobran sueldos”.
Ante la pregunta de qué impacto tendrá esta medida, en la FEMP desconocen cuál será la diferencia entre la situación actual y tras la entrada en vigor de la reforma. Aunque desde el Gobierno señalan que un 82% de los ediles de todo el país dejarán de tener dedicación exclusiva y, por tanto de percibir un sueldo de las administraciones locales, “no existen estadísticas sobre la situación actual”, apuntan desde la Federación, lo que hace imposible cuantificar el ahorro tras la entrada en vigor de esta reforma.
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