Los alcaldes de los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes podrán recibir una pequeña remuneración bien a través de dietas o como dedicación parcial, según el acuerdo al que se llegó el pasado lunes en la sede de Génova durante un encuentro que mantuvo el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, con los presidentes regionales de la FEMP y de la dirección nacional que son del PP. No es un acuerdo menor, habida cuenta de que hay más de 4.800 localidades en España, esto es el 60% del total, que tienen menos de mil vecinos censados y a cuyos alcaldes Hacienda quería dejar, por ley, sin derecho a remuneración alguna, aunque la mayoría de ellos ya no cobran.
Si este avance es sustancial para que los alcaldes, incluidos los del PP, no rompan la negociación en torno a la reforma local, no lo es menos la decisión, asumida por la FEMP, de extender a todos los municipios una auditoría de su situación económica y el coste en la prestación de servicios que, en principio, solo se iba a realizar sobre los de menos de 20.000 habitantes. Así, todos los ayuntamientos pasarán por la lupa de Hacienda, tanto los pequeños como los grandes, incluida Madrid, con un deuda, en el primer trimestre del año, de más de 7.400 millones de euros. Bien es cierto que los que se verán obligados a ceder sus competencias a las diputaciones provinciales en caso de ser insolventes o caros serán los de menos de 20.000, esto es, 7.717 municipios de un total de 8.116 de toda España.
Asimismo, el pasado lunes se avanzó en otro asunto fundamental: delimitar claramente el papel de los interventores municipales, que pasan a tener habilitación nacional y que rinden cuentas al Estado y no a los municipios que supervisan. En este sentido, quedará asentado que los interventores tienen que establecer controles de de legalidad, pero no de oportunidad política, que seguirá en manos del equipo del ayuntamiento elegido por los ciudadanos.
La Comisión Nacional de Administración Local, que se reúne hoy, está próxima a llegar a una acuerdo para que la reforma pase por la mesa del Consejo de Ministros a mediados de julio
Este miércoles se reúne en Hacienda la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) con la intención de cerrar un acuerdo respecto de una reforma que se anunció hace más de un año y en la que el secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha ido dejando jirones de piel. Las pretensiones iniciales han quedado en poco, y aún así el Ministerio mantiene que es posible un ahorro superior a los 7.000 millones en dos años, y 8.000 si se añaden ahorro en costes salariales, que según el Gobierno no vendrá de la rebaja de sueldos sino de las tasas de reposición cero de los funcionarios, así como de la pérdida de empleados públicos no funcionarios.
Arenas ha tenido un papel activo en la reforma local, ayudando a desbloquear en muchas ocasiones situaciones enquistadas entre el Gobierno y la FEMP y actuando a modo de ministro de Administraciones Públicas en la sombra. Desde Hacienda arguyen que los alcaldes recurrían a Arenas como recurso ante la postura inflexible del ministro Montoro, pero finalmente se ha cedido en las posiciones iniciales con la mente puesta en buena parte en las elecciones locales de 2015, que no se presentan fáciles para el PP. El Consejo Territorial de la FEMP acordó este martes seguir negociando con el Gobierno los aspectos aún pendientes de incorporar a la reforma local "desde la máxima lealtad institucional pero con firmeza".
No hay acuerdo con el PSOE, cuyos representantes en la Federación pidieron la convocatoria de un pleno extraordinario de alcaldes que fue rechazado por la mayoría popular. La reforma irá adelante sin el apoyo del principal partido de la oposición porque el Gobierno no desea retrasarla más.
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