La reforma de las Administraciones sigue siendo la gran cuestión pendiente que tiene el gobierno sobre la mesa. Tras conseguir sacar Hacienda y Administraciones Públicas un anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aún quedan muchas cuestiones por resolver ante la oposición de los pequeños ayuntamientos de España, el 83 por ciento de los entes locales de nuestro país. Y es que los municipios de menos de 5.000 habitantes ven con profundo disgusto una serie de medidas que les afectan directamente, quejas trasladadas a la Federación de Municipios y Provincias, que las he hecho llegar al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
La primera impugnación de los muy pequeños, esto es, los que tienen menos de 1.000 habitantes, es que se establezca por ley que sus alcaldes no reciban ningún tipo de remuneración. Bien es cierto que salvo excepciones, en la gran mayoría de ellos ni los alcaldes ni los concejales cobran actualmente un duro por su tarea, pero otra cosa, aducen, es que esté legislado. Asimismo, los entes locales de hasta 5.000 habitantes tienen prohibido, según el Anteproyecto, contratar personal eventual, otra cuestión que ha caído como una bomba de relojería. Pero quizá lo que las tiene más soliviantadas es la facilidad de "intervención" de estos entes locales, que pueden ver retiradas sus competencias casi de forma automática en caso de no adecuar a un estándar de costes la prestación de sus servicios públicos.
El pasado 29 de abril, el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna, se reunió con la comisión de Desarrollo Rural y Pesca de la Federación para informarles de la marcha de las negociaciones con el Ministerio. De la Serna les informó de que estas alegaciones, junto a otras enmiendas, ya habían sido oportunamente transmitidas y que los pequeños municipios "encabezan las prioridades de la FEMP" ante la reforma Local, según la Federación. Hay en España 6.796 gobiernos locales de menos de 5.000 habitantes, esto es, el 83,7 por ciento del número total de entes locales, cuyo número es de 8.116. Sólo Castilla y León aglutina 2.189 localidades de menos de 5.000 habitantes.
Los alcaldes han parado la reducción del 30 por ciento de los concejales y del número de ayuntamientos
Una de los grandes logros de la FEMP ha sido eliminar del anteproyecto la idea de reducir en un 30 por ciento el número de concejales, medida que anunció hace más de un año a bombo y platillo Cristóbal Montoro. Tampoco hay reducción del número de ayuntamientos --más de 8.000-- ni una intervención directa de las Diputaciones provinciales en la gestión de los entes locales de menos de 20.000 habitantes. En resumen, los grandes anuncios de la reforma local han quedado en papel mojado, aunque fuentes populares admiten que "de todos nuestros problemas, el de los ayuntamientos es el menor, tanto en términos de endeudamiento como déficit. Tienen razón cuando se quejan de que la reforma haya empezado por ellos y no por las Comunidades autónomas".
De hecho, el 40 por ciento de los ayuntamientos de nuestro país tiene superávit presupuestario y han conseguido el "permiso" de Hacienda para poder destinarlo a inversiones en su municipio y no exclusivamente a pago de la deuda.
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