Recorte en el número de concejales, limitaciones salariales para los alcaldes, designación de ediles liberados, clarificación de competencias y tijeretazo a los asesores. Esa es la última incorporación a la reforma de la Administración Local que el Ministerio de Hacienda quiere llevar al Consejo de Ministros a más tardar el próximo día 25, sin descartar incluso el día 18, y que ha conocido Vozpópuli. La idea es acabar con el descontrol en que se habían convertidos los cargos designados a dedo, una auténtica legión en algunos casos, que disparaban los gastos de personal de las corporaciones locales. Si en un principio el ministerio de Cristóbal Montoro puso sobre la mesa que los cargos de libre designación no podrían superar al número de concejales del municipio, una nueva vuelta de tuerca limita aún más su número.
Si es la remuneración de los ministros y de los secretarios de Estado los que marcan los criterios para el salario de los alcaldes, Ministerio y PP han decidido echar mano de ese mismo baremo para acortar el de los asesores de libre designación. Serán cinco en el caso de los alcaldes de las grandes ciudades, muchos de los cuales se verán obligados a despedir cargos de confianza, salvo que los “recoloquen” en otras responsabilidades para saltarse las limitaciones que impondrá la nueva Ley.
El Gobierno quiere tener ultimada la reforma de la administración local, encuadrada bajo el epígrafe Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, a finales de este mes, aunque medidas como el recorte en el número de concejales –se calcula que unos 15.000 menos que hasta ahora y no 22.000 como fue el cálculo inicial—no será de aplicación hasta las elecciones locales de 2015 porque es imposible despojar de su condición de concejales a los que ya son electos. Esta reforma en concreto debe incorporarse en la Ley Orgánica de Régimen electoral General (LOREG).
En cambio, los nuevos criterios para el establecimiento de la remuneración de los alcaldes debe consignarse en los Presupuestos Generales del Estado. Los de este año, 2013, ya están aprobados, aunque no es descartable su aplicación a lo largo de este ejercicio.
El PP desea que la reforma pase por el Consejo de Ministros de la semana que viene, dado que el día 18 arranca una reunión de la intermunicipal popular en la que Rajoy reúne a sus principales alcaldes
La reforma ha pasado por un largo impasse motivado por la negativa de PP, PSOE y FEMP a aceptar muchas de las propuestas iniciales del Ministerio, entre ellas, la delegación obligatoria de competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a las Diputaciones Provinciales o el recorte lineal del 30 por ciento de concejales en todos los ayuntamientos, independientemente del tamaño de su corporación local. Este paquete de reformas fue anunciado por Montoro y por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, nada más ni nada menos que el mes de marzo del año pasado, con la idea de tenerlo ultimado antes de las vacaciones de verano, pero la rebelión de los alcaldes populares, el malestar de la FEMP y la negociación con los socialistas frenó el proceso.
Finalmente no fue hasta finales del año 2012, tras un almuerzo de Montoro con el vicesecretario de política municipal y autonómica del PP, Javier Arenas, cuando se desbloqueó la situación de impasse, hasta el punto de que la reforma irá adelante “sí o sí”, dicen en Génova, incluso aunque no se alcance un acuerdo total con los socialistas sino sólo de carácter parcial. Hasta ahora, el grueso de la negociación PP-PSOE la han llevado sus respectivos responsables de política local, Manuel Cobo y Gaspar Zarrías respectivamente.
Los populares celebrarán los días 18 y 19 de este mes en la ciudad de Almería una reunión de su intermunicipal que quieren presentar como la unidad de todos sus alcaldes en torno a una reforma que ha sido agriamente contestada por éstos. Génova desearía para entonces que el Consejo de Ministros ya hubiera dado vía libre al Anteproyecto de Ley en su reunión del viernes 18 y, si no, el 25.
