La segunda fase de la operación Azud, una presunta trama de corrupción urbanística, sigue en marcha: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue efectuando registros, uno de ellos en la Concejalía de Urbanismo del consistorio valenciano, y se han cursado diferentes comisiones rogatorias para buscar dinero en el extranjero.
Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, la UCO continúa este lunes los registros en busca de más pruebas y documentación después de que el pasado jueves arrestara a un total de 14 personas en el marco de esta causa, entre ellas, al exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y al exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau (PP).
Además, se han tramitado diferentes comisiones rogatorias puesto que se sospecha que algunos de los arrestados pudieron esconder dinero en el extranjero. Precisamente este último indicio es uno por los que el Juzgado de Instrucción número 13 de València, encargado de la causa, decretó el sábado la prisión provisional para cinco de los 14 detenidos: Rubio, Grau y tres empresarios, entre ellos, Jaime Febrer. Otro argumento que justificó el ingreso en la cárcel fue la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga.
Ocho detenidos
Los otros ocho detenidos que pasaron a disposición judicial el sábado --solo uno de ellos, la exalcaldesa de Xixona, no lo hizo-- quedaron en libertad con retirada de pasaportes, prohibición de salir del país y comparecencias semanales en sede judicial. Ninguno los arrestados quiso declarar ante la jueza, según ha podido saber Europa Press. Únicamente el responsable jurídico de Divalterra, José Luis Vera, quiso declarar ante la Guardia Civil, pero a mitad testimonio lo interrumpió y se acogió a su derecho de no decir nada más.
Sobre los registros, la vicealcaldesa de València y edil de Desarrollo y Renovación Urbana en la ciudad, Sandra Gómez, ha confirmado en rueda de prensa que se ha producido uno en dependencias del servicio de urbanismo del consistorio valenciano ubicadas en el edificio municipal de Tabacalera.
"Sí, va en la línea de las operaciones" que se investigan en el caso Azud, ha expuesto, a la vez que ha recordado que en el consistorio había ya documentación precintada tras iniciarse la primera primera de esta causa.
"Hay que recordar que ya en 2018 nos precintaron documentación por la operación Azud. Reitero, esto se conocía que estaba en marcha y hay documentación precintada en el Ayuntamiento de València desde hace tres años. Supongo que habrá sido lo que se han llevado", ha afirmado.
Grupo criminal
En la causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. Hasta el momento se han practicado 46 registros en empresas, despachos profesionales y domicilios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid. Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados.
Rubio (PSPV), quien también fue diputado provincial y portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, y Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, Grau pudo haberse llevado un millón de euros y Rubio otros 300.000.
A Rubio y a Grau le constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa.
Por su parte, Alfonso Grau, de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel --una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)-- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.
Se trata de la segunda fase del caso Azud, en el que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunitat Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
En una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum, aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.
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