El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el juez del Tribunal Supremo que investiga a los líderes independentistas, Pablo Llarena, se han pasado mutuamente la patata caliente de la competencia sobre un posible traslado de los políticos soberanistas a cárceles catalanas. No obstante, el Reglamento Penitenciario obliga a la administración a mover ficha primero para desatascar la situación.
Durante una entrevista concedida a Onda Cero, el ministro fue preguntado expresamente si tiene ya la responsabilidad de decidir sobre un posible traslado. “No, no es una decisión que le competa directamente al Ministerio”, llegó a decir Grande-Marlaska. Sólo unas horas después, el juez Llarena respondía en sentido contrario: la competencia es de Interior. Lo hacía a través de un auto en el que denegaba ese traslado a la expresidenta del Parlament de Cataluña Carmen Forcadell, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconesjero Raül Romeva.
La causa del debate es que los traslados son habituales en los casos de presos con una condena ya firme. Los presos del procés se encuentran todavía en prisión preventiva, una situación en la que es habitual que los detenidos permanezcan en una cárcel cercana al tribunal que les investiga. Se debe a que los traslados (llamadas conducciones en el argot penitenciario) son un proceso tedioso, costoso e incómodo para los propios presos ya que se aprovecha siempre para trasladar a varios reclusos, lo que obliga a varios días de viaje con escalas en otras prisiones. Todo ello sujeto estrictas medidas de seguridad.
En este caso, al debate se suma que Llarena ya ha terminado su investigación y que no se prevén nuevas diligencias que precisen de un traslado del preso al tribunal. El magistrado, previsiblemente, terminará su investigación después de escuchar el próximo 26 de junio al exconsejero del Interior Joaquim Forn, que solicitó una nueva comparecencia, y una serie de testigos propuestos por los acusados.
El Reglamento Penitenciario no deja lugar a dudas, la competencia es de Interior. Así lo recoge el artículo 31 de la norma que regula las prisiones. Pero en su punto tercero explica que “los traslados se notificarán, si se trata de detenidos y presos, a las autoridades a cuya disposición se encuentren”. Fuentes del Ministerio explican que el espíritu de esa norma es darle al juez la oportunidad de manifestar si tiene previsto realizar alguna diligencia extra.
“Normalmente los jueces contestan, se espera un tiempo razonable. Si no lo hacen es que no tienen previsto tomar más declaraciones”, explican desde Interior, al tiempo que admiten que la competencia es suya. O al menos la obligación de dar el primer paso. “El sentido de la notificación es que no haya ningún inconveniente. No es que los jueces no tengan ningún papel, ellos deciden si lo paralizan”, añaden. Ponen como ejemplo de un posible escenario que Forn aporte algún detalle en sus declaración que lleve al juez a hacer algún movimiento. Por ello no se plantean en Interior, al menos a corto plazo, ningún traslado.
A medio o largo plazo, la situación podría variar tal y como ha dejado ver el ministro durante la entrevista el ministro, que también es juez: Cuando existe la posibilidad de que una persona no va a ser requerida judicialmente en cinco o seis meses, siempre que conste la autorización del juez se puede valorar. Se podría y se debería evaluar”, ha concluido.
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