Renfe, como cualquier otra empresa pública, está sometida a la Ley de Transparencia. Si bien debe rendir cuentas y dar publicidad activa de su gestión administrativa, buena parte de la información que maneja la compañía ferroviaria se mantiene oculta, como toda la relativa al tráfico de viajeros y circulación de trenes. El propio Consejo de Transparencia avala esa política de secretismo al considerar que los datos referidos al uso de determinadas líneas de tren no son de interés público pese a que las cifras han sido solicitadas con el objetivo de elaborar un estudio académico que permitiría conocer mejor el uso de las infraestructuras ferroviarias.
Transparencia ha desestimado recientemente dos peticiones de información (R/0250/2021 y R/0251/2021) a la empresa pública en las que solicitaba las cifras de viajeros en alrededor de 80 rutas y una treintena de estaciones -casi todas radicadas en Galicia- operadas por Renfe en 2018, 2019 y 2020, tanto en total como desglosadas por tipo de servicio: Larga Distancia, Media Distancia, Media Distancia Alta Velocidad, Cercanías...
Aunque Renfe no niega que posea los datos, rehúsa hacerlos públicos, y no solo por considerar que facilitar las cifras supondría un "consumo de recursos" y una "desventaja competitiva", dado que se trata de "información que ningún transportista hace pública". La empresa ferroviaria alega principalmente una de las causas de inadmisión recogidas en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, que en su apartado e) permite negar el acceso a la información pública en aquellas peticiones “que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley”, un razonamiento compartido por Transparencia en ambas resoluciones, consultadas por Vozpópuli.
Transparencia ve 'mala fe'
El Consejo de Transparencia asume como válidos la argumentación esgrimida por Renfe y concluye afirmando que la petición “es contraria a la buena fe”: “Entendemos que se debe aplicar el concepto de abuso de derecho [...] dado que, aun buscando con la misma una apariencia de buen derecho, por fundamentarla en la LTAIB, realmente pretende conseguir una cantidad desmesurada de información en una suerte de intento de replicar, de algún modo, una base de datos elaborada por terceros”.
El Consejo de Transparencia cree que la información no es de interés público porque no su publicación no permitiría saber "cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones públicas”
Además, entiende el Consejo de Transparencia que el objetivo de la petición es incompatible con el de la ley, pues “tampoco cumple con la finalidad de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones públicas, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones públicas”, a pesar de que los datos solicitados permitirían extraer conclusiones científicas hasta ahora no abordadas.
Renfe niega lo que Aena sí publica
El propio solicitante de la información incidió en los datos que Renfe posee servirían para realizar un “estudio académico del impacto en la demografía y en el uso de las infraestructuras, tras los nuevos servicios ferroviarios implantados en Galicia en los últimos años, sufragados con fondos públicos y que utilizan total o parcialmente infraestructuras sufragadas íntegramente con fondos públicos”, razonamiento al que añade que “la solicitud de los datos del año 2020 se sustenta además en el evidente interés público del impacto de la pandemia”.
Tras el rechazo de Renfe, el solicitante recurrió al Consejo de Transparencia alegando que el objetivo era realizar un estudio académico y que esa misma información sí es ofrecida por otras empresas públicas, como Aena
En cuanto a la negativa de Renfe a proporcionar los datos por esa supuesta "desventaja competitiva" que arguye Renfe, incide el solicitante que "la existencia de otros operadores de carácter privado no supone impedimento alguno dentro del propio Sector Público Institucional para ofrecer, de oficio o a solicitud de
interesado, datos sobre el uso de infraestructuras y servicios". De hecho, apunta que Aena, empresa pública dependiente del mismo Ministerio que Renfe, sí "ofrece los datos de uso de toda su infraestructura y de todos los servicios que en ellos operan, incluso con periodicidad mensual".
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