El inesperado anuncio del traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña mantiene en vilo a la plantilla aún perteneciente a Renfe. Los trabajadores de la empresa están claman contra esta posibilidad que puso sobre la mesa -de diálogo entre el Gobierno central y el Govern catalán- la nueva ministra de Transporte, Raquel Sánchez, el pasado mes de agosto.
“Esta cuestión tiene que abordarse en la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, es el marco en el que debe acordarse el procedimiento definitivo con el que transferir recursos a la Generalitat. Igual que mi antecesor [por josé Luis Ábalos], estoy convencida de que esta transferencia estará culminada este año, porque es lo que hemos aprobado en el presupuesto del 2021”, aseveró Raquel Sánchez en una entrevista, dejando poco margen a la duda.
Septiembre ha sido marcado en el calendario como un mes clave en este asunto, tanto por su proximidad a las fechas planteadas por la ministra como por la celebración de la mesa de diálogo bilateral. Preguntado por este diario, el Ministerio de Transportes no ha aclarado si la transferencia de Rodalies se abordó en la citada mesa de diálogo y tampoco en qué punto se encuentra.
La reacción de los sindicatos representados en el comité de empresa de Renfe ha sido rotunda: se niegan a un traspaso de competencias por el menoscabo de derechos que supondría para el personal de la compañía, aunque lo cierto es que por el momento se desconocen los términos en los que se produciría la cesión a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), así como su encaje legal.
Pardo de Vera convoca una reunión
La secretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, Patricia Pardo de Vera, ha convocado a una reunión a los comités de empresa de Renfe y Adif el próximo 27 de septiembre para informar de la situación, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes sindicales. Ni el ministerio de Transportes ni la empresa pública han ofrecido a este periódico su versión sobre este asunto.
El traspaso total de la gestión de Rodalies a la Generalitat catalana es una reivindicación desde 2012 por los problemas en la prestación del servicio. Hace ya un lustro los partidos nacionalistas hicieron un “frente común” para conseguirlo. La petición dormía desde entonces el sueño de los justos y ahora, con la reactivación de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Govern de Pere Aragonès, cuando ha vuelto a estar en el foco.
Rechazo sindical al traspaso de Rodalies
La posible cesión de personal, material y activos ha sido rechazada de pleno por los sindicatos representados en el comité de empresa, que a principios de mes mantuvieron una reunión para abordar con urgencia este asunto y, en ese encuentro, acordaron solicitar una reunión al más alto nivel para conocer de primera mano la situación.
CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el sindicato de maquinistas Semaf comparten su preocupación por el posible traspaso de la empresa estatal y cómo afectaría a sus trabajadores. Las movilizaciones ya han comenzado. Semaf, que ha convocado una huelga con este asunto entre sus críticas, cree que la trasferencia contraviene el acuerdo firmado en 2007, que impide la segregación de la plantilla de Renfe. Y el Sindicato Ferroviario ha organizado varias concentraciones para "evitar esta agresión".
Por su parte, CCOO defiende, "como siempre ha venido haciendo, la existencia de un único Administrador de Infraestructuras estatal y un modelo de operación basado en un único operador público". Sin embargo, según apuntan a este diario fuentes del sindicato, esta organización se abre a la negociación con la Generalitat para mejorar su papel de gestión de horarios y servicios de Renfe, como los que ya tiene la región catalana y el resto de autonomías españolas.
De hecho, la gestión de Rodalies corresponde en la práctica a la Generalitat desde que el servicio de cercanías fue transferido hace ya una década. Desde entonces, Rodalies ha seguido operando con personal y activos de Renfe, y el Govern quiere hacerse con el control total de la empresa. Un paso más en ese traspaso implicaría la cesión de trabajadores e infraestructuras, aunque el servicio seguiría bajo el escrutinio de Adif.
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