Rellenar un formulario entregado por Renfe Operadora, seguido del carné de identidad del solicitante, el libro de familia, los certificados de nacimiento y de defunción o el informe médico. Todos estos papeles son necesarios para que los familiares de las 79 víctimas del trágico accidente de Santiago de Compostela del pasado 24 de julio perciban las primeras indemnizaciones, cubiertas por la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Viajeros (conocida como SOVI). Sin embargo, a las familias de los afectados les han impuesto nuevas cortapisas para cobrar.
Según publicó el Faro de Vigo la semana pasada, son ya varios los parientes de los fallecidos los que se han quejado que, junto al papeleo anterior, las aseguradoras reclaman nada menos que el billete de tren. Una prueba de la que las familias carecen al haberse normalmente carbonizado tras el terrible accidente en la curva de A Grandeira, a dos kilómetros de la estación de Santiago. La única forma de conservar alguna prueba de estas características es habiendo abonado el billete con la tarjeta de crédito, bien a través de Internet (herramienta que cada vez se utiliza más en la venta de pasajes de tren), bien en la propia taquilla.
El Seguro Obligatorio de Accidentes corresponde a Allianza raíz de un convenio que tiene suscrito con Renfe. Ayer por la tarde este medio llamó a la compañía, sin obtener respuesta. Hoy, martes 20 de agosto, un portavoz de la aseguradora indicó a este diario que "Allianz no está solicitando el billete de tren a los afectados por el accidente ferroviario. La compañía entiende que en situaciones de este tipo no es un requerimiento necesario y se basa en la lista de víctimas incluida en las actas judiciales para llevar a cabo su labor". Las indemnizaciones, de 60.000 euros por persona fallecida, son, de acuerdo con lo establecido por Allianz, “independientes de las que puedan corresponder de quien resulte responsable”: dicho de otro modo, el seguro cubre como mínimo esa cantidad.
Aunque Vozpópuli no pudo contactar con familiares, supo por terceras personas que las trabas continúan. "A mi hijo lo retiraron de las vías. ¿Qué más justificante que ese [el cadáver] que viajaba en ese tren?", indicó al diario vigués el padre de David Villolvo, un joven informático de 27 años que pereció en el malhadado Alvia S-730 que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol.
"Mucha de la documentación que había en las carteras desapareció, se quemó en los vagones o se extravió tras el descarrilamiento. ¿Qué va a pasar con quienes no tengan ese billete?", lamentó a El Faro otro afectado.
Portavoces de Renfe negaron cualquier implicación en el asunto, en espera de que se diriman las responsabilidades futuras en el Juzgado Número 3 de Santiago. Lo mismo señalaron desde la aseguradora QBE, que cubre la posible responsabilidad civil contraída por Renfe Operadora en la desgracia, en caso de que el juez así lo estime.
El periodista José Caballero Silván publicó en la semana pasada en la misma línea que el rotativo gallego una entrada en su blog denunciando que las autoridades y compañías competentes, “en lugar de poner la alfombra y facilitar la agilización de los trámites para que los afectados puedan con urgencia comenzar a recibir anticipos de indemnización suficientes para cubrir los primeros gastos, lo que ocurre realmente es que van poniendo palos en la rueda con tanta burocracia, de forma que hacen compleja su solicitud y reclamación”.
La de momento única plataforma constituida de afectados, la Fundación Avata, se ha interesado por el asunto, que dice desconocer. Su portavoz, Alberto Tranche, ha precisado que si esto ocurre es "porque la tragedia ha quedado fuera de los focos mediáticos".
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