España

La crítica del Poder Judicial pone a prueba la unidad del Gobierno en la defensa a Iglesias

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que decidir si vuelve a apoyar, como hizo con un comunicado en enero pasado, al líder de Unidas Podemos

El segundo reproche en tres meses realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a Pablo Iglesias pone a prueba la unidad de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. El órgano de gobierno de los jueces ha calificado en un comunicado de "intolerable" que el vicepresidente segundo del Gobierno haya sembrado dudas sobre la imparcialidad de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que inhabilitaron y condenaron a 19 meses de cárcel a la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra.

La reprobación directa de los jueces al alto cargo del Ejecutivo pone la pelota en el tejado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el 15 de enero ya tuvo que defender a Iglesias mediante un comunicado en el que apelaba a la libertad de expresión del líder de Unidas Podemos para justificar las críticas a los jueces españoles. 

Como ya ocurriera en enero pasado, la Comisión Permanente del Poder Judicial ha censurado la actitud de Pablo Iglesias, a quién acusa de actuar de forma "intolerable" y de querer utilizar políticamente a la Justicia. Por ello, le han vuelto a reclamar "moderación, prudencia y mesura".

Cargos de responsabilidad

En el comunicado, el órgano de gobierno de los jueces no ha aludido de forma expresa al Gobierno, pero se ha dirigido a "quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel" -en referencia a Iglesias y el resto de integrantes del Gobierno de coalición- "a que no menoscaben la imagen" de la judicatura. Y les ha recordado que "la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.

La Comisión Permanente del Poder Judicial está compuesta por su presidente, Carlos Lesmes, y por los vocales José Antonio Ballestero (magistrado), Álvaro Cuesta (exdiputado socialista y jurista), Juan Manuel Fernández (magistrado), Juan Martínez Moya (magistrado), Pilar Sepúlveda (jurista) y Rafael Mozo (magistrado). Todos han apelado a la responsabilidad institucional de Iglesias "para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, más aún cuando se trata de pronunciamientos de miembros del Gobierno de la Nación en relación con actuaciones de los juzgados y tribunales".

No firmó un vocal

En la declaración institucional de enero, en la que los jueces criticaban por primera vez a Iglesias, tanto Lesmes como el resto de vocales aprobaron la medida de forma unánime. Sin embargo, el comunicado de este jueves no fue firmado por el vocal Rafael Mozo.

Diferentes formaciones políticas han reaccionado al escrito de la Comisión Permanente. El PP lo ha considerado  "un segundo toque de atención en 100 días". El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha replicado este jueves en Twitter: "Lecciones de pulcritud democrática, las justas".

Por su parte, el presidente del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado que "cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo".

En concreto, Asens se refiere a que el mandato de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial finalizó en diciembre de 2018 y todos sus integrantes permanecen en sus puestos de forma temporal hasta que la institución sea renovada. 

Cuando Moncloa respaldó a Iglesias en enero abogó por la renovación de los miembros del CGPJ. El Ejecutivo dijo que era "tiempo de dialogar" y de llegar a acuerdos para reforzar las instituciones. La Comisión Permanente respondió inmediatamente: aseguró a Sánchez que los magistrados no eran un "obstáculo" para el cambio en el Consejo y recordó que el propio Lesmes había reclamado en tres ocasiones a los partidos que llegaran a un acuerdo para dar luz verde a la renovación. 

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