Plus Ultra se juega el futuro de su causa en el careo que acoge este martes el juzgado. El experto que defiende el rescate de 53 millones se verá las caras con el perito independiente que designó la juez Esperanza Collazos. Este economista puso en entredicho la decisión de la SEPI al alertar de posibles irregularidades en el proceso. Entre ellas destaca una incorrección de 6,3 millones de euros en las cuentas de 2019 y la gestión de un préstamo en el paraíso fiscal de Dominica.
La de este martes se ha convertido en la principal diligencia en nueve meses de procedimiento penal por el desembolso de la ayuda millonaria. La causa nació en abril por presunta malversación, pero en este tiempo se ha ampliado también a los delitos de cohecho, fraude en las subvenciones, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. En el foco, la solvencia y relevancia de una aerolínea que solo opera el 0,03% de los vuelos en España.
En todo este tiempo Plus Ultra ha defendido la idoneidad de la ayuda. La compañía no solo se escudó en los informes de la SEPI que avalaron el rescate, sino que aportó su propia pericial de parte a los tribunales. El documento, firmado por Julio César Calvo, se elaboró cuando el juzgado congeló el desembolso del segundo tramo. Según expuso este perito, el pago de los 34 millones de euros restantes era "esencial" para reequilibrar la situación de tesorería a fecha de enero de 2022.
El papel de la Abogacía
Calvo advirtió que un escenario de iliquidez en caso de no entregarse la ayuda comprometida dejaría a los clientes y a los acreedores comerciales como los principales perjudicados. A su tesis se adhirió la Fiscalía y, sobre todo, la Abogacía General del Estado. Los servicios jurídicos del Gobierno se opusieron a que se congelara el rescate y mostraron su rechazo a que un perito del juzgado evaluase las cuentas de Plus Ultra. El tono se endureció hasta el punto que amagó con invalidar sus conclusiones por, según mantiene, extralimitarse en su trabajo.
Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid siempre se ha mantenido firme en su propósito. La instructora dio luz verde a la petición de las acusaciones de que un experto designado por el juzgado analizase las cuentas y, cuando tuvo su resultado, lo adhirió al sumario. Las serias advertencias formuladas en su pericial llevaron a Collazos a citar a los peritos en sede judicial para confrontar las dos versiones. Tanto es así que dejó la causa en puerto muerto a la espera de escucharles.
El despacho al que se le encargó la diligencia (Martín Molina Abogados y Economistas) alertó de una serie de inexactitudes que volvían a sembrar la duda sobre el rescate. Tal y como avanzó este diario, el bufete detectó una incorrección en el balance de 2019 de 6,3 millones de euros. Esta variación en las cuentas del año del rescate se debió a la calificación de un avión que la compañía entregó a unos bonistas que acudieron a una emisión de deuda de 10 millones.
El experto detectó que el resultado era "claramente beneficioso" para Plus Ultra, puesto que con esta operación se anotaron un beneficio de 6,34 millones de euros, lo cual tuvo efecto directo en las cuentas de 2019. El perito resaltó que el acuerdo de venta alcanzado entraba en contradicción con la información aportada a la SEPI, en la que se menciona que el arrendamiento del avión es realmente operativo. El asunto es determinante puesto que uno de los requisitos estipulados por la SEPI era que el resultado del balance a fecha de 31 de diciembre de 2019 no fuera negativo.
Un paraíso fiscal
El trabajo, de 499 páginas, también puso el foco en un préstamo que Plus Ultra canalizó en el paraíso fiscal de Dominica. El peritaje independiente advirtió que la aerolínea recibió en 2017 del banco panameño Panacorp (muy ligado al chavismo) una línea de crédito de 6,3 millones de euros clave para evitar su quiebra. En este caso, el perito resaltó que se pactara inutilizar dos millones los seis prestados "durante toda la vida del préstamo". "Resulta de vital importancia para este perito destacar como un hecho relevante -trascendental para el fondo de este informe- que este préstamo participativo mantiene como 'garantía' una cantidad líquida indisponible por importe de 4 millones", expuso.
Se trata de aspectos clave que ponen en tela de juicio la operación y por los que tendrá que responder el perito de parte de la compañía. El careo de este martes es de especial trascendencia para la juez que ya advirtió que dejaba en standby el estudio de otras cuestiones a la espera de lo que ocurra este martes. En concreto, tienen pendiente resolver sobre la petición de archivo solicitada por el Ministerio Público, así como el requerimiento de la Abogacía General del Estado de que se determine qué personas están bajo el foco de la Justicia en esta causa.
Los servicios jurídicos del Gobierno defienden al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y al resto de integrantes del consejo gestor que aprobó el desembolso de esta ayuda en marzo del pasado año. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que se trata de una empresa estratégica, las actas de las sesiones celebradas para autorizar la ayuda demuestran que la decisión se tomó antes incluso de estudiar los informes encargados por la SEPI a los asesores jurídicos y financieros. Tal y como avanzó Vozpópuli, en la reunión del 9 de febrero ya se acordó el desembolso pese a que el criterio de los expertos se adhirió a principios de marzo.
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