España

Las restricciones de Semana Santa incumplen el acuerdo entre el Gobierno y las autonomías

Solo la Comunidad de Madrid se ha opuesto a un plan de actuación para Semana Santa que supondrá el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas (salvo Canarias y Baleares).

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Solo la Comunidad de Madrid se ha opuesto a un plan de actuación para Semana Santa que supondrá el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas (salvo Canarias y Baleares). La resolución que lo establece ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en él aparece citado el acuerdo que sienta las 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19', un documento que la propia resolución incumple.

Más concretamente, incumple lo que en cuanto a restricciones a la movilidad se pactó. A lo largo de la resolución aparece citado en dos ocasiones. Ambas se encuentran en la exposición de motivos, y en la primera se señala que "el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19 establece el marco de actuación para una respuesta proporcional a distintos niveles de alerta definidos mediante la evaluación del riesgo según el conjunto de indicadores epidemiológicos, de capacidad asistencial, y de salud pública".

Es decir, que sienta las bases, el marco de actuación, para responder proporcionalmente a la amenaza de la covid-19. ¿Hasta qué punto? El acuerdo establece 7 indicadores para valorar el riesgo epidemiológico, 5 relacionados con el nivel de transmisión y dos sobre el grado de utilización de los servicios asistenciales. Estos indicadores están ponderados para determinar cuando se está en fase de nueva normalidad, como el pasado verano, nivel de riesgo bajo, medio y alto.

Cuatro indicadores para esta Semana Santa

Pues bien, en estos momentos, hay cuatro indicadores al margen de un nivel de riesgo bajo: la incidencia acumulada a 14 días, a 7 días, la ocupación hospitalaria y en UCI. Y pueden bajar más en Semana Santa. La incidencia acumulada a 14 días está en estos momentos en 130 (el riesgo medio se establece entre 50 y 150) y a 7 días en 59 (el riesgo medio aquí está entre 25 y 75). La ocupación de UCI está al 21% (el riesgo alto se sitúa entre el 15 y el 25 por ciento) y la de hospitalización al 6 por ciento, lo que la sitúa a nivel medio.

De acuerdo con dicho documento, España se encontraría en un nivel de alerta 2, esto es, cuando al menos dos indicadores del bloque de transmisión y uno del bloque de ocupación asistencial están en nivel medio. La movilidad para un nivel de alerta 2 no ha de prohibirse, según apunta dicho documento, por lo que el plan para Semana Santa excede lo establecido en el documento.

Al respecto establece que para dicho nivel se debe "recomendar la limitación de los viajes no esenciales fuera de la unidad territorial evaluada". Es decir, se debería exclusivamente recomendar la limitación de viajes en Semana Santa y San José, no impedirlos, y solo en aquellos territorios con un nivel de alerta 2. En estos momentos, hay varias comunidades autónomas al margen de esta situación (Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares) y el número puede aumentar de continuar esta tendencia decreciente de casos covid.

El acuerdo no prohíbe la movilidad

Más allá de esto, el acuerdo de acciones coordinadas sigue siendo muy laxo en cuanto a la movilidad interterritorial incluso en el nivel de alerta 3, que es de riesgo alto. En dicho estadio, la propuesta del documento es "valorar la limitación de entradas y salidas del área territorial evaluada excepto para actividades esenciales". En todo caso, por tanto, se habla de valorar y no de prohibir los viajes entre CCAA esta Semana Santa.

Cabe recordar también que cuando el exministro de Sanidad Salvador Illa presentó el acuerdo de medidas para Navidad, que permitía el viaje entre comunidades autónomas, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes era de 251. Ahora apenas supera los 100.

La única comunidad díscola, Madrid, también acatará las medidas para Semana Santa expuestas en la resolución, aunque ha acudido a los tribunales para recurrirlas "por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".

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