La corrupción del exjefe de Carreteras de Cantabria, que llegó a ingresar 2,9 millones pese a cobrar 69.000 euros anuales, se ha convertido en todo un quebradero de cabeza para Miguel Ángel Revilla a poco más de dos meses de las elecciones autonómicas. El presidente regional respaldó públicamente al consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, cuando saltó el escándalo, pero ahora le ha cesado.
El "desgaste" para el Gobierno de Revilla es "evidente", después de dos semanas en las que se ha puesto en entredicho, incluso, que el líder regionalista pueda revalidar su triunfo en las urnas, según aseguran distintas fuentes a Vozpópuli. Un escenario, este último, que ha hecho al presidente autonómico replantearse su estrategia: "Estamos hablando de un caso de corrupción y tanto la oposición como el electorado piden responsabilidades. Y las va a haber.
Del registro a la detención
Todo comenzó el pasado 22 de febrero. Ese día, la Policía Nacional registró la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas relacionadas con el servicio de mantenimiento de carreteras.
Aquel día, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, indicó que se trataba de una investigación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional "que lleva muchísimos meses llevándose a cabo" y la reacción de Miguel Ángel Revilla y del consejero José Luis Gochicoa fue la de restar importancia al asunto y ofrecer la máxima colaboración.
El propio consejero, tras la redada policial, reivindicó la "transparencia máxima" a la justicia de su departamento para desarrollar la investigación en el Servicio de Conservación y Mantenimiento de Carreteras y esclarecer cualquier posible irregularidad.
Además, aseguró que, en el caso de confirmarse cualquier posible irregularidad en algún contrato o en el comportamiento de cualquier funcionario propondrá la personación del Gobierno como perjudicado.
Sus temores se hicieron realidad y, apenas tres días después, el jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Díez, fue enviado a prisión tras ser detenido esta semana por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por la comisión de hasta cinco delitos: cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Solo por los tres primeros delitos, el acusado podría enfrentarse a una pena de 6 años de cárcel por cada uno de ellos.
La investigación desarrollada por la Policía y la Agencia Tributaria permitió comprobar cómo el jefe de Servicio estaba repartiendo entre al menos dos de las empresas implicadas los lotes del contrato de conservación que debe licitarse y adjudicarse este año 2023. El resultado: el ingreso de 2,9 millones pese a cobrar 69.000 euros anuales.
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