La pretensión revisionista sobre la dictadura por parte de la Fundación Francisco Franco, que aspira a ensalzar la figura del militar golpista en las visitas al Pazo de Meirás, propiedad en la que sus familiares acostumbran a veranear, ha desatado ira en su Galicia natal.
El palacete del siglo XIX de inspiración romántica y sus terrenos, en el municipio coruñés de Sada, al lado de Ferrol, donde nació el dictador, fueron comprados a los herederos de Emilia Pardo Bazán por una organización franquista, que forzó la población a contribuir financieramente para obsequiarlo a Franco en 1939, tras proclamar su victoria en la Guerra Civil.
La Xunta de Galicia declaró en 2008 esa propiedad como bien de interés cultural, lo que obliga a la familia de Franco a organizar visitas cuatro días al mes, una decisión que corroboró el Tribunal Supremo en 2010 tras varios recursos judiciales de la familia Franco, muy reacia a abrir sus puertas a miradas ajenas.
La Fundación Franco, que asumió hace un par de meses la gestión de esas visitas por encargo de la única hija del fallecido dictador, Carmen, indicó en un comunicado esta semana que es una "excelente oportunidad para mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco", lo que ha suscitado reacciones adversas.
Un portavoz de esa Fundación, Jaime Alonso, reiteró esta semana, en declaraciones a un canal de televisión, el deseo de mostrar la "grandeza de Franco". La formación nacionalista gallega BNG, ha cuestionado si "sería admisible que en Alemania o Italia existiesen palacios y fundaciones dedicados a exaltar la memoria de Hitler o Mussolini".
También la formación IU ha considerado una "anomalía democrática" que el palacete continúe en manos de la familia Franco ya que "sería inconcebible que en Alemania siguiera la familia de Hitler ostentara privilegios generados a partir de la usurpación de bienes durante la barbarie nazi y que, además, se permitiera a una organización filofascista realizar visitas guiadas para alabar al genocida".
El portavoz de la Fundación Franco afirmó que el dictador "no fusilaba a gente", aunque reconoció las ejecuciones del régimen, pero justificó que "esa represión y esos fusilamientos" fueron "en su justo término y en las circunstancias de su época, lugar y lo que significó la Guerra Civil". Además, opinó que eso "no es ni comparable con lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, y no digamos en Italia o Alemania".
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que el Pazo de Meirás haya sido utilizado para hacer "apología" de la dictadura, pero ha invitado a la Fundación Francisco Franco a actuar con "mesura y proporcionalidad" y a "rectificar".
Entre las iniciativas de las formaciones políticas de izquierda figuran también cortar la financiación pública a la citada Fundación privada cuya ofensiva revisionista ha avivado la polémica sobre un palacete que conserva libros, cuadros, trofeos de caza y otros recuerdos del Caudillo de España.
El portavoz de la Fundación Franco afirmó que el dictador "no fusilaba a gente", justificando que la represión se dio "en su justo término"
El historiador británico Paul Preston, autor de varios estudios sobre Franco, su actitud antisemita como Hitler o su afán de emular la megalomanía de Mussolini, calcula que su régimen dictatorial, posterior a la Guerra Civil, dejó cientos de miles de personas torturadas, internadas en campos de concentración y muertos en fosas comunes todavía sin exhumar
Coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte del dictador, hace dos años, Preston señaló que "Franco utilizaba la corrupción para controlar a sus allegados y colaboradores" y que su "avaricia desmedida" le llevó a, por ejemplo, fomentar colectas "por el esfuerzo bélico" en las que se llevaba una comisión, por lo que "al final de la guerra ya era un hombre rico".
Un experto de la ONU sobre desapariciones forzadas que visitó Galicia y otras zonas de España en 2014 urgió al Gobierno a establecer un mecanismo para "oficializar la verdad" sobre la Guerra Civil y la dictadura y a retirar la Ley de Amnistía de 1977, que contribuye todavía al revisionismo histórico
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