El caso de los dos reclusos de la cárcel de Asturias que han formulado una solicitud al Registro Civil de Llanera para cambiar la mención registral de su sexo, acogiéndose al artículo 43.1 de la 'ley trans' 4/2023, para convertirse legalmente en mujeres y ser trasladados al módulo correspondiente ha activado las alarmas en las distintas asociaciones de mujeres que llevan meses criticando la nueva normativa impulsada por el Ministerio de Igualdad. Según La Nueva España, otros cuatro presos están a punto de iniciar los trámites. "En España podrían repetirse los casos de los delincuentes sexuales que han sido alojados en cárceles femeninas en Escocia, Irlanda, Canadá o California", advierten desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, organización compuesta por feministas contrarias a eliminar la categoría sexo de la legislación y la estadística.
Cambio de sexo en Escocia
La citada entidad lleva meses haciéndose eco de la realidad de otros países pioneros en aprobar normativas 'trans' como la que hoy rige en España. El Parlamento escocés aprobó el pasado diciembre una ley para facilitar la transición a las personas transgénero, que contempla, entre otras medidas, la bajada de la edad legal de 18 a 16 años y elimina el requisito de un certificado médico. A finales de enero, una mujer transgénero se vio obligada a cumplir en una cárcel para hombres su condena de prisión por violar a dos mujeres antes de cambiar de sexo. Las violaciones se produjeron cuando respondía al nombre de Adam Graham. Ahora se llama Isla Bryson e hizo la transición a mujer mientras se encontraba a la espera de ser juzgada. Su propia ex mujer aseguró que se trataba de "un impostor" y que estaba "burlándose" de las autoridades.
La ley llegó a ser bloqueada desde Londres y muy criticada por los grupos conservadores. Algunos aseguran que la dimisión de la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, estuvo precipitada por las polémicas en torno a la 'ley trans'. Sin embargo, su largo mandato también estuvo marcado por la salida de Reino Unido de la Unión Europea y las reiteradas reivindicaciones de un segundo referéndum independentista.
Es criminal meter a hombres, también a depredadores sexuales, en cárceles de mujeres. "Recula Escocia y reculará Irlanda. ¿Tendrá que recular también Pedro Sánchez?", se preguntan desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres.
A finales de enero, una mujer transgénero se vio obligada a cumplir en una cárcel para hombres su condena de prisión por violar a dos mujeres antes de cambiar de sexo
En su página web, la organización subraya que "es en las cárceles donde se han visto de forma más clara las nefastas consecuencias de permitir que hombres autoidentificados mujeres compartan los espacios de las mujeres". "Las leyes transgénero permiten que un delincuente, también un delincuente sexual, sea trasladado a una prisión de mujeres si se autodetermina como mujer", apuntan.
El resultado, dicen, ha sido el esperable: "Se han cometido violaciones en cárceles de mujeres". Y recuerdan el "célebre" caso de Stephen Wood, que cambió su nombre a Karen White. "Wood estaba en prisión preventiva por múltiples violaciones y otros delitos sexuales contra mujeres, niñas y niños. Empezó su transición en la cárcel y fue trasladado a una prisión de mujeres donde violó a varias reclusas", recuerdan.
Sindicatos y partidos en contra
Además, esta organización denuncia que, con fecha 31 de enero de 2023, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior del Gobierno de España le negó información sobre si había procedido al ingreso en un centro penitenciario de mujeres de un asesino confeso en referencia a Jonathan de Jesús Robaina Santana. Se trata del autor confeso del asesinato de una prima y, según publicó el diario de Canarias 7, había pedido por medio de su abogado que le llamasen Lorena, puesto que había iniciado un proceso de cambio de sexo dentro del centro penitenciario.
No solo las asociaciones de mujeres críticas con Irene Montero han alzado la voz contra algunas de las posibles consecuencias de la 'ley trans'. También lo han hecho algunos sindicatos como CSIF y partidos políticos de la oposición. Desde esta organización sindical temen que "la facilidad" para pedir el cambio actúe como "un coladero" para los reclusos que intenten conseguir mejoras durante su estancia en la cárcel. Asimismo, en la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones han declarado que la 'ley trans' puede tener consecuencias muy peligrosas para los centros penitenciarios y para los módulos de mujeres.
Esta misma semana Vox presentará un recurso contra la normativa en el Tribunal Constitucional porque considera que "desdibuja" a la mujer y la sitúa en situación de "absoluta desprotección". El portavoz político y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, anunció este lunes el que será el recurso de inconstitucionalidad número 47 del grupo parlamentario en esta legislatura. "Ser mujer no es un trámite administrativo en el registro civil", defiende.
El dirigente de Vox denunció que esta ley aprobada por el Congreso genera situaciones de "injusticia", poniendo como ejemplo las peticiones de cambio de sexo de reclusos de la cárcel de Asturias y al aspirante a policía local que ha declarado ser mujer una vez ya iniciado el proceso de selección.
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