La defensa de Juan Carlos I insiste en su estrategia y asegura que "su Majestad goza de inmunidad en su calidad de miembro (...) de la Casa Real de España" y que la justicia británica no es competente para atender la demanda presentada por Corinna Larsen, que se estudia este lunes y martes en los Reales Tribunales de Justicia, en Londres. En su demanda, la antigua amiga íntima del rey emérito pidió a los tribunales que reclamaran a Juan Carlos I una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso" que, asegura, ha sufrido.
Ahora, la defensa del rey emérito -a cargo del despacho Clifford Chance- ha presentado sus alegaciones ante el juez Matthew Nicklin durante la vista preliminar. El abogado Daniel Bethlehem ha defendido los argumentos esgrimidos en un texto de 26 folios, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, en el que niega todas las acusaciones vertidas por Larsen e insiste en que el órgano competente para atender cualquier procedimiento sobre hechos vinculados al monarca posteriores a su abdicación es el Tribunal Supremo español.
Según reza el escrito presentado por la defensa, aunque la "inmunidad" de Juan Carlos I "no le sitúa por encima de la ley, solo responde por su posición ante el Tribunal Supremo español". Tanto Bethlehem como la abogada Philippa Webb aseguran ante el Tribunal Superior de Londres que las cortes inglesas carecen de jurisdicción sobre la demanda que interpuso Corinna y aluden a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y a la Ley Británica sobre Inmunidad, que "dejan claro que los Estados extranjeros son completamente inmunes ante la jurisdicción de Reino Unido" y el rey emérito está afectado por esa consideración de "Estado".
La vista, que comenzó el lunes y se ha reanudado este martes, deberá determinar si el rey Juan Carlos I debe ser investigado en Reino Unido, como sostienen los letrados de Corinna, que le acusa de haberla sometido a "acoso" desde 2012 hasta el presente, personalmente o bien a través de "agentes" a su servicio. Esas acciones "amenazaron" su seguridad y la de sus hijos, asegura la demandante.
El pasado enero, Corinna declaró como testigo, a través de videoconferencia desde una corte inglesa, en un juicio celebrado en Madrid contra el excomisario español José Manuel Villarejo. En su intervención, aseguró que recibió reiteradas amenazas del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán. "Por supuesto me aterrorizó, aterrorizarían a cualquiera. El hecho de que el jefe de seguridad viniese a visitarme a Londres ya era bastante escalofriante", afirmó.
Por otro lado, en la demanda se aborda un pago de 65 millones de euros que el rey emérito hizo presuntamente a Corinna, parte supuestamente de un dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
El reconocimiento de las monarquías como estrategia
Como parte de su estrategia de defensa, el letrado ha alegado además que existe un interés público de "proteger la dignidad del Rey y miembros cercanos de la familia". En este sentido, ha hecho referencia a la jurisprudencia de los tribunales británicos y ha recordado que dicha apreciación ha sido "expresamente reconocida" por la justicia de ese país en el caso de la Reina Isabel II y miembros cercanos de la Familia Real Británica. Así, ha insistido en que este "reconocimiento constitucional" aplicable a la Familia Real Británica ha sido reconocido por Reino Unido durante siglos con respecto a los soberanos y miembros cercanos de la familias reales de otras monarquías.
"Es la piedra angular del principio de inmunidad soberana", ha señalado Bethlehem, para luego añadir que en el caso de España esta apreciación se refleja en un tratado de compromiso que se remonta a hace más de 400 años y que fue firmado por los antepasados de la Reina Isabel II y de Juan Carlos I en el Tratado de Paz y Amistad de Utrecht de 1713.
