España

El rey que abdicó durante día y medio para no firmar una ley

Las palabras de Ia presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la futura actuación del Rey cuando el Gobierno apruebe los indultos a los líderes

Las palabras de Ia presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la futura actuación del Rey cuando el Gobierno apruebe los indultos a los líderes del procés, han protagonizado la polémica de las últimas horas. Ayuso se preguntó este domingo: "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos?". Tanto el resto de partidos como el propio presidente del PP, Pablo Casado, han desautorizado las palabras de Ayuso señalando que el rey no tiene capacidad para decidir si firmar o no una ley aprobada por el Gobierno.

Esta hipotética contrariedad entre la voluntad del monarca y las acciones de un gobierno recuerdan un caso reciente vivido en Bélgica. En 1993, Balduino de Bélgica solicitó al gobierno encontrar una fórmula legal para no tener que firmar la ley de despenalización del aborto que había aprobado el Parlamento y el Senado del país.

Ferviente católico, el marido de la española Fabiola de Mora y Aragón, denunció el problema moral que le suponía tener que firmar una ley contraria a sus más profundas convicciones. La solución del Ejecutivo fue recurrir al artículo 82 de la Constitución belga que menciona "la incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona". De esta forma, la Corona belga recayó momentáneamente en el Ejecutivo y un día más tarde, el rey volvió al trono.

Batalla jurídica

Según explicó en aquel momento El País, esta fórmula ideada por el Gobierno provocó un conflicto jurídico-político, entre los partidarios de la decisión de Balduino, y los que consideraban que la monarquía es una institución más del país y que no debía mantener este tipo de privilegios.

Algunos eurodiputados socialistas pidieron la abdicación del rey por negarse a firmar una ley votada por los representantes de la soberanía popular, y varios catedráticos de Derecho censuraron duramente este arreglo legal.

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