La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contraataca en el caso Soule. El ente que preside Luis Rubiales ha remitido un duro escrito a la Audiencia Nacional en el que avisa que no se cometió ninguna irregularidad con la partida destinada a gastos arbitrales ya que proviene de los clubes y, por tanto, no se trata de fondos públicos. De esta forma responde a La Liga, a la que acusa de intentar "enmarañar" este procedimiento con peticiones fuera de lugar.
En concreto arremete contra la solicitud de que se impute al exjefe de los árbitros, Victoriano Sánchez Arminio. La petición, a la que se unió la Fiscalía Anticorrupción tal y como informó en exclusiva Vozpópuli, se sustentaba en un presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros de las partidas de la RFEF provenientes de La Liga. El órgano que preside Javier Tebas requirió tambiénque se citara al exsecretario del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Raúl Massó y Ángel María Villar, quien ya figura como imputado.
El juez al frente del procedimiento, Alejandro Abascal, se opuso al considerar que era una diligencia "tardía" dado que, tras cinco años de causa, ésta se aproxima a su fin. La Liga lo ha recurrido ante la Sala de lo Penal y a su solicitud se adhiere ahora el Ministerio Fiscal, que ve motivos de sobra para que los exdirigentes arbitrales expliquen en calidad de imputados qué pasó para que entre 2007 y 2019 se desviaran 7,9 millones de euros destinados a gastos arbitrales.
"Animadversión" de Tebas
La Federación responde que la petición de La Liga es "del todo injustificada" y que se explica por la "animadversión" que tiene su presidente Javier Tebas. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, incide en que la petición de imputar al expresidente del Comité Técnico de Árbitros es del todo "caprichosa" porque no hay ningún indicio que implique a los dirigentes colegiados en esta causa de corrupción.
No podemos comprender que La Liga oculte a la IGAE y al juzgado que los gastos de los servicios arbitrales los percibe directamente de los clubes. Es un mero intermediarioRFEF
Tanto Sánchez Arminio como el exsecretario del CTA declararon como testigos en la causa hace ahora un año. Al respecto la Federación sostiene que, por mucho que La Liga trate de realizar "retorcidas interpretaciones" de dichas comparecencias, no hay indicio de criminalidad alguno. Según alega, las partidas destinadas para gastos arbitrales que se habrían desviado provienen de los clubes y, por tanto, son fondos privados.
"Los servicios arbitrales de las categorías profesionales son abonados mediante la correspondiente factura de la RFEF por los clubes. Son éstos los que abonan las facturas en concepto de 'cargo por derechos arbitrales con carácter mensual", recoge la Federación en su escrito en el que añaden: "Sin que haya norma que así lo establezca, los clubes, en lugar de abonar directamente la facturas a la RFEF, transfieren el importe a la Liga y ésta la que realiza el pago", sostiene.
Choque entre La Liga y la Federación
Por todo ello concluye que La Liga, que al igual que la Federación litigan como acusación particular, no tiene legitimidad para pedir una compensación económica por las partidas a los árbitros. Tendría que ser, en todo caso, la Administración del Estado. Al hilo insiste que esta acusación contra el exjefe de los árbitros y contra el ente de Rubiales responde únicamente a las "desavenencias públicas y notorias" que existen entre La Liga y la Federación.
El organismo también hace alusión al famoso informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) aportado a la Audiencia Nacional el año pasado. El documento, al que tuvo acceso este medio, recoge que la partida de honorarios arbitrales excedía de los gastos contabilizados por la Federación en 7,9 millones de euros. Los peritos del órgano expusieron que la diferencia de fondos no estaba justificada y que la información bancaria aportada era insuficiente porque no permitía verificar los pagos a terceros de la Federación de Ángel María Villar.
En su escrito, la RFFE alude al informe de la IGAE y dice que todo lo relativo a dietas y desplazamientos se encuentra "más que justificado". "El resto de gastos que a la Liga le resultan tan escandalosos tienen perfecto acomodo en los conceptos que ellos mismos dicen haber justificado como subvención ante la Comisión de Seguimiento de las Quinielas. Desconocemos cuáles serían los que no se encuentran justificados. Menos aún podemos comprender que oculte que los gastos de honorarios de los servicios arbitrales los percibe la RFEF directamente de los clubes, siendo La Liga un mero intermediario", añade.
Los pagos a Negreira
En segundo lugar, la Federación también se opone a que se le cite como investigada en este procedimiento penal, como pidió La Liga. Lo cierto es que los dos entes solicitaron sus respectivas imputaciones, pero de nuevo el juez descartó abrir esa vía. La RFEF de Rubiales desmiente que haya cometido delito de fraude en las subvenciones con los fondos públicos recibidos, como así se alega desde La Liga.
Se refiere al 18,75% de los fondos provenientes de las quinielas. La defensa de la RFEF recurre a un informe de la IGAE de 2007 según el cual este ente no guarda relación con las partidas de las subvenciones, siendo el órgano de Tebas el beneficiario de dichas partidas. Concluye que se hace un uso "torticero" el asunto y que resulta "inaudito" que más de una década después "aparezcan diciendo que no existe justificación" sobre los gastos". "Es un ejercicio de mala fe olímpica".
El avance del caso Soule en la Audiencia Nacional se produce en paralelo a la investigación que se sigue contra el que fuera número dos de los árbitros José María Enríquez Negreira, por los abonos que percibió del Barça en concepto de asesoramiento. La Fiscalía Provincial de Barcelona sigue adelante con las diligencias abiertas por presunta corrupción entre particulares en relación a los abonos de 1,4 millones de euros que percibió entre 2016 y 2018 del club baugrana.
Aunque las partidas son mayores y ascenderían a 7 millones en las últimas dos décadas. El Ministerio Público sospecha que las millonarias partidas respondía a información privilegiada que le pudo haber suministrado en su condición de directivo de los árbitros. Se da la circunstancia de que este colegiado también percibió ingresos de la Federación. En concreto en cinco temporadas cobró 4.400 euros; motivo por el cual La Liga ha pedido ahora a la Audiencia Nacional que estudie a qué correspondían estos abonos, tal y como avanzó este medio.
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