España

Rivera pide "echar" a parlamentarios encausados aun sin respetar su inocencia

Ciudadanos incluye esta medida en una proposición de ley contra la corrupción registrada en el Congreso. “Sabemos que hay quien afirma que el Tribunal Constitucional nos dirá que lo podemos hacer, pero queremos abrir este debate”, subraya el líder centrista.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha ido este miércoles un paso más allá en su apuesta por la regeneración democrática y ha planteado una reforma legal para que los parlamentarios “encausados” por corrupción se vean obligados a entregar el acta. Una medida que chocaría con la presunción de inocencia de los implicados.

El propio Rivera ha admitido en rueda de prensa que hay juristas que dudan de la viabilidad de esa retirada del acta a un cargo electo en las Cortes. Así, ha manifestado que “sabemos que hay quien afirma que el Tribunal Constitucional nos dirá que esto no lo podemos hacer, pero queremos abrir este debate jurídico”, ha enfatizado.

Hasta ahora, Ciudadanos había propuesto pedir el escaño un paso antes, es decir, a aquellos parlamentarios “imputados o investigados” en delitos relacionados con la corrupción. Así, consta en el acuerdo que firmó con el PP de cara la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, el partido centrista rebaja ahora el tiro y habla de “encausados”. Rivera ha explicado que “al margen del pacto político”, donde se enmarcó su referencia a “imputados”, el propósito de Ciudadanos es que “pueda haber  jurídicamente un punto tangible para atacar a aquellos que se quedan el escaño”. Una norma, ha destacado, para “echar a los que se atrincheran, se atornillan en el escaño como tránsfugas o imputados”. “Hay que proteger a los ciudadanos de los que se quedan el escaño”, ha apostillado.

Ciudadanos había propuesto pedir el escaño un paso antes a aquellos parlamentarios “imputados o investigados” en delitos relacionados con la corrupción

En concreto, Rivera ha puesto el ejemplo de la exsenadora popular Rita Barberá -ahora en el Grupo Mixto de la Cámara Alta- a quien el Tribunal Supremo ha abierto un procedimiento penal por un presunto delito de blanqueo en el ‘caso Imelsa’. Pero la exalcaldesa de Valencia todavía no se encuentra formalmente imputada (o investigada, según la nueva terminología jurídica). Podría estarlo una vez que el magistrado Cándido Conde-Pumpido, designado instructor, la cite a declarar ante el TS en tal condición. Si Barberá renuncia el acta, dejará de estar aforada y su caso pasará del Supremo al juez de Valencia.

Rivera ha planteado dicha medida en la presentación en el Congreso de una proposición de ley contra la corrupción, elaborada con el apoyo de entidades de la sociedad civil como No hay Derecho, Fundación Civio, Politikon, +Democracia o Foro por la Transparencia, entre otras.

"La corrupción no es intrínseca"

Esta iniciativa tiene, según el líder de C’s, tres objetivos: “Devolver la confianza a los españoles, desmentir el mito de que la corrupción es algo intrínseco a España (no nos ha caído una maldición) y acabar con el segundo problema de los españoles”, ha comentado. Redactada como una ley ómnibus, es decir, que toca diferentes normativas, supone “un obús a la línea de flotación de los que han querido que la corrupción siga instalada en la vida política”, ha recalcado Rivera. “Otro motivo más para que tengamos gobierno antes del 30 de octubre”, ha añadido.

Además, Rivera ha desgranado otros siete puntos principales de la proposición: protección a los denunciantes; creación de una autoridad independiente de seguridad pública para separar la tarea de la Administración del poder ejecutivo; modificación del Código Penal en el tipo de enriquecimiento ilícito para que cuando un político no sepa capaz de explicar de dónde viene su patrimonio, lo haga ante la Justicia; o acabar con los indultos por corrupción política. “No queremos auto-absoluciones de socios y compañeros de partido”, ha dicho.
Los otros ejes son la fijación de un plazo máximo en la instrucción penal para evitar prescripciones; establecer la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos y empujarlos a “controlar su corrupción”; y garantizar la independencia de los funcionarios en la Administración. Por ejemplo, la de los secretarios de Ayuntamientos, que “tienen que ser un cuerpo

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