España

Rivera romperá su pacto con Rajoy si ningunea a C's en los Presupuestos

El líder naranja no se fía de la palabra dada por el presidente del Gobierno sobre las medidas sociales de su acuerdo de investidura (3.850 millones consensuado de un total de 5.000) que irán en las cuentas estatales de 2017.

“Porque sabemos que no hay que bloquear España pero no nos fiamos, hay que poner condiciones y controlar esas condiciones de quien uno no se fía”, declaró el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en su discurso de la investidura fallida de Mariano Rajoy. Estas palabras pronunciadas desde la tribuna del Congreso el pasado 31 de agosto cobran hoy más sentido que nunca una vez se ha puesto en marcha la acción de Gobierno con un pacto entre populares y socialistas cocinado a espaldas de Ciudadanos.

Según fuentes de la dirección del partido naranja, Rivera no se fía de la promesa del jefe del Ejecutivo, con que el que habló telefónicamente la noche del domingo, sobre la inclusión de un paquete de medidas sociales de su pacto de investidura, por valor de 3.850 millones de euros, en los Presupuestos Generales del próximo ejercicio. En realidad, PP y C's consensuaron 5.000 millones para 2017, pero el compromiso de Rajoy ha rebajado a 3.850 (un 23% menos) tal previsión. No obstante, se trata sólo de un compromiso y no hay nada formalmente cerrado, por lo que esta cifra todavía puede fluctuar a la baja.

Su escepticismo es tal -ya lo era en buena medida antes de la subida de impuestos pactada por PP y PSOE-, que el líder naranja, apuntan las mismas fuentes, no descarta presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas estatales de 2017 si no recogen los 3.850 millones consensuados en esta última renegociación de lo suscrito el pasado agosto (hasta la mañana de ayer mismo estuvieron cerrando flecos sobre este preacuerdo presupuestario los equipos económicos de ambas formaciones).

Y es que por cómo se han desarrollado los acontecimientos en las últimas semanas, es posible que luego el Gobierno rebaje esos 3.850 millones a una cifra todavía inferior. Todavía faltan semanas para que el Ejecutivo lleve el texto final de la Ley de Presupuestos al Consejo de Ministros y además luego está la posibilidad de que C's presente enmiendas parciales. Aunque Rivera ha avisado a su entorno, indican las fuentes citadas, que si el texto que el Gobierno remite a las Cortes no contempla los 3.850 millones, sus 32 diputados en el Congreso presentarán una enmienda a la totalidad de los PGE de 2017.

De materializar dicha enmienda a la totalidad, Ciudadanos rompería de facto el acuerdo de investidura con los populares y dejaría a Rajoy en manos del PSOE, con el riesgo de una convocatoria de elecciones anticipadas.

Rivera no descarta presentar una enmienda a la totalidad de los PGE si no recogen los 3.850 millones consensuados en la última renegociación

Esta posición de Rivera a la defensiva llega después de que el Gobierno sólo haya accedido a implementar en 2017 el 80% de las medidas previstas en el pacto de investidura para dicho ejercicio. Así, de los 5.000 millones consensuados en agosto para iniciativas socioeconómicas, la cifra se ha quedado definitivamente en 3.850 millones. Por tanto, 1.150 millones menos de lo firmando hace poco más de tres meses. Desde el equipo económico de C's no precisaron ayer qué partida destacada ha quedado aparcada, aunque todo apunta a que se trata de la relativa al plan de lucha contra la pobreza infantil (1.000 millones en 2017 y 1.560 en los años sucesivos  hasta 2020), una de las medidas estrella de Ciudadanos

El presidente de Ciudadanos omitió este lunes tal actuación y sí mencionó las siguientes medidas del pacto 150 compromisos para mejorar España que deberán recoger los PGE: tarifa plana de autónomos; incremento de dos semanas del permiso de paternidad; complementos salariales para los jóvenes con salarios más bajos; un cheque-formación; inversión en I+D+i y red Cervera; un incremento en la partida de Dependencia, también en Educación para los libros de texto y el refuerzo de profesores, así como en Justicia y en la Administración General del Estado (AGE) para la lucha contra el fraude.

A todo ello se une cómo el Ejecutivo ha orillado a Ciudadanos en la negociación del techo de gasto con el PSOE, tanto en la fijación del 0,6% de déficit autonómico como en la concertación del aumento de los impuestos especiales (alcohol y tabaco) y el nuevo gravamen a las bebidas azucaradas. Rivera llegó a afirmar en la Comisión Constitucional del pasado jueves que se había enterado “por la prensa” de la subida impositiva pactada entre populares y socialistas, donde se incluye también como elemento principal la reforma del Impuesto de Sociedades, en tanto la recaudación prevista aquí será de 4.650 millones. Sustancialmente inferiores serán las cantidades que reportarán los impuestos especiales (100 millones por el tabaco y 50 por el alcohol de alta graduación) y el tributo sobre las bebidas azucaradas (200 millones).

Disconformes con el mensaje

El presidente de C’s explicó que su partido compartía la necesidad de “tapar el agujero en el Impuesto de Sociedades” para que todas las empresas tributen igual y las grandes compañías no disfruten de privilegios fiscales. Incluso afirmó que si Sociedades se hubiera presentado separado del decreto de subida de impuestos especiales, “lo hubiésemos apoyado”. Pero al final, todo irá dentro del mismo decreto. Ciudadanos se abstendrá en esta votación puesto que “no nos parece legítimo que el mensaje de inicio que quieren dar PP y PSOE a los españoles sea una subida de impuestos”, sostienen. En cambio, el partido naranja sí apoyará el techo de gasto del Gobierno en base a esos 3.850 millones prometidos y al constatar que no habrá subida del IVA ni del IRPF y tampoco recortes en Educación, Sanidad y Dependencia. 

En este contexto, Rivera manifestó que la vía de obtención de ingresos no puede ser la de “meter la mano en el bolsillo de los españoles”, en alusión a los tributos especiales y al de los líquidos azucarados, sino la de eliminar duplicidades en la Administración o recuperar el dinero “perdonado” a los defraudadores en la amnistía fiscal (1.000 millones en 2017, según consta en el pacto de agosto).

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