Rodrigo Rato tendrá que esperar hasta 2024 para sentarse en el banquillo por la última cuenta pendiente que tienen con la Justicia. La causa por el origen de su fortuna, que conllevó el registro de su domicilio en 2015, no se juzgará en lo que queda de año, como se tenía previsto, sino que se retrasa al que viene ante el atasco en los tribunales desde la pandemia de la covid.
Esta causa se ha convertido en la última cruzada judicial del exvicepresidente económico del Gobierno después de haber sido absuelto por la salida a Bolsa de Bankia y condenado en una de sus piezas, relativa al uso de unas tarjetas 'black' opacas al fisco. En medio de aquellas investigaciones, los juzgados de Plaza de Castilla impulsaron un procedimiento penal contra Rato por el origen y la gestión de su patrimonio familiar.
Las pesquisas que dirigió el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción fueron encaminadas a analizar sus empresas familiares radicadas en el extranjero y el retorno de fondos a España. En febrero de 2021, tras seis años de investigación, el magistrado Antonio Serrano-Arnal dio el primer paso para enviarle al banquillo por delitos de fraude fiscal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales.
Nueve años de 'caso Rato'
En junio de ese mismo año abrió juicio oral contra Rato y otra decena de personas después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara su escrito de acusación en el que pide 70 años de cárcel para él. Se trata de la pena más elevada de cuantas ha enfrentado hasta el momento teniendo en cuenta que por la caída de Bankia, entidad que presidió entre 2010 y 2012, la Fiscalía pidió seis años de cárcel para él y por las tarjetas 'black' cuatro años y medio.
La Audiencia de Madrid preveía arrancar el juicio contra Rato este año, pero el colapso provocado por las últimas huelgas de funcionarios y de letrados de la Administración de Justicia retrasa la vista oral al año que viene
La causa, que ha sufrido parones durante toda su tramitación en parte debido a las comisiones rogatorias cursadas al extranjero, quedaba en 2021 pendiente de señalar fecha de juicio. El atasco judicial provocado por la pandemia retrasó esta diligencia, pero se esperaba que se fijara un arranque de vista para este otoño. Las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli descartan ahora esta posibilidad y dilatan los plazos hasta 2024.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid no podrá señalar antes de esa fecha debido a las últimas huelgas de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios que han agravado, todavía más, el colapso en los tribunales. El retraso es tal que no fue hasta septiembre del año pasado cuando se dio traslado de todo el sumario de la investigación: más de 7.000 documentos a los que Rato y el resto de acusados tuvieron acceso siete años después de arrancar la causa contra ellos.
70 años de cárcel
El procedimiento contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estado marcado por los vaivenes en la instrucción del caso y también por los choques de Rato con Anticorrupción. El magistrado fue abriendo piezas en función de cada línea de investigación hasta acumular más de una decena, pero la Audiencia le obligó a unificar todo el procedimiento ante la conexidad de los hechos, lo que se tradujo en más meses de retraso.
En lo que respecta al segundo de los puntos, Rato ha acusado de Anticorrupción de actuar con inquina y de impulsar una investigación retrospectiva contra él. Tal y como desveló este medio, el Ministerio Público apuntó en la recta final de la investigación que Rato habría amasado en una sociedad luxemburguesa fondos por un total de 77,5 millones de euros.
La fiscal pidió al juez instructor que tuviera en cuenta estos datos para ampliar los delitos al banquero por fraude al fisco. En su escrito de acusación expuso que Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a Hacienda a través de sus sociedades, entre las que destacan Red Rose, Kradonara y Vivaway. Además, situó entre el núcleo duro del economista a su excuñado Santiago Alarcó y al asesor fiscal Domingo Plazas.
De la documentación intervenida en el registro a su domicilio y su despacho del barrio Salamanca se desprendería que tuvo cuentas abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco y que se valió de su entramado para operar, también, en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao. Por ello le atribuye once delitos fiscales por un fraude continuado entre 2005 y 2015 de 8,58 millones de euros.
La versión de Rato
Del mismo modo, le acusa de blanquear la fortuna amasada en el extranjero, parte de la cual provendría de los contratos de publicidad de Bankia o de las conferencias que dio para grandes multinacionales del país a tenor de sus cargos. Rato, sin embargo, se ha defendido de todas estas acusaciones y ha negado haber influido en los contratos de publicidad de la sucesora de Caja Madrid.
En su escrito de defensa, que suma un centenar de páginas, el exvicepresidente del Gobierno expuso que desde el mismo minuto de los registros en su domicilio, en 2015, se ha vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva. Sostiene que se le ha ocultado parte de la documental de la causa y que no se ha valorado que ya había puesto su patrimonio en conocimiento de la Agencia Tributaria.
También ha denunciado que la Fiscalía Anticorrupción ha actuado con "impunidad" durante todos estos años y que pese a las pesquisas realizadas no hay ningún indicio que pruebe que hubo un concierto de todos los acusados (de los que sostiene que no se conocen entre sí) para conseguir que amasara una fortuna y la ocultara en el extranjero.
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