El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Manuel Serrano-Arnal, ha tardado 11 meses en citar a declarar como imputado, como reclamó la UCO de la Guardia Civil el 27 de marzo de 2017, al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato por blanqueo de capitales, tal y como le ordenó la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.
"Esta conducta puede ser constitutiva de blanqueo de capitales y debe ser investigada, blanqueo de capitales en relación a los delitos fiscales cometidos por Vivaway LTD y Kranodara", especificó la Audiencia Provincial de Madrid en el mencionado auto en el que estimaba parcialmente las peticiones de la UCO y de la Fiscalía.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo pública este miércoles una nota en la que especifica que el juez Serrano-Arnal "le llama a declarar, tal y como ordenó la Audiencia de Madrid, que estimó parcialmente un recurso de apelación" de la Fiscalía, que consideraba que los presuntos delitos que habría cometido Rato no habrían prescrito.
82 millones
En concreto, la UCO considera que Rato podría haber cobrado mediante empresas familiares unos 82 millones de euros de las sociedades que había privatizado en los años 90, como por ejemplo Endesa, Aldeasa, Azucarera, Iberia, Logista, Telefónica, Repsol, Retevisión, y Paradores (esta última sigue siendo pública).
Serrano-Arnal también ha citado a otros dos imputados, que según fuentes del caso se trataría de la secretaria del propio Rato, Teresa Arellano, y del presunto testaferro Alberto Portuondo, aunque el TSJ de Madrid no ha confirmado estas citaciones.
La Fiscalía consideraba necesario que el juez promoviera comisiones rogatorias en relación a las empresas de Rato en el extranjero, en concreto de Westcastle Corporation y Red Rose Investment LTD, "que transfirieron 5.860.363 euros entre 1999 y 2001 a la sociedad patrimonial de la familia Rato Aurosur", especifica el auto de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid.
El ministerio público también reclamaba al juez que cursara peticiones internacionales para obtener más información sobre las sociedades Vivaway LTD y Kranodara, que Rato adquirió en 2006 a su cuñado Santiago Alarcó Canosa, y con las que transfirió 7.800.000 euros a Westcastle Corporation y Red Rose Investment LTD.
Presidentes "cercanos"
En el informe de la UCO se expone que, a raíz del proceso de privatización y tras el nombramiento de presidentes "cercanos" o "del agrado de Rato", estas empresas contrataron con sociedades vinculadas al exvicepresidente, con unos sobrecostes que ocultaban pago de comisiones "a cambio de nada" Después, el dinero se transfería a distintas sociedades, a veces bajo la simulación de préstamos entre empresas.
Los agentes destacan en su atestado el caso de Paradores de Turismo, que todavía es una empresa pública, que contrató a COR Comunicaciones, una empresa vinculada con el propio Rato, para distintas campañas de publicidad, abonando a su proveedora una cantidad de 2.199.788 euros. La UCO recuerda que cuando Rodrigo Rato cesó como ministro, la relación entre COR y Paradores de Turismo también se extinguió.
Los guardias consideran que las características de COR, como la imposición de testaferros, la fecha de creación, la contratación mayoritaria con las empresas privatizadas, el traspaso de fondos a otras entidades de Rato, que cifran en 19.392,203 euros entre los años 1998 a 2014, son indicadores de que fue creada ex profeso para la percepción de abonos de las empresas privatizadas con la finalidad de ocultar la vinculación de Rodrigo Rato.
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