El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha emitido un auto en el que plantea a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que decida si corresponde investigar el caso del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a este tribunal madrileño o a la Audiencia Nacional. El pasado lunes el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó un recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra su decisión previa de no asumir el caso Rato al considerar que los delitos imputados al exvicepresidente no deben recaer en la Audiencia.
En esa resolución, Andreu indicaba que dilucidar cuál es el tribunal competente es una cuestión que debía resolverse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instancia que es el superior jerárquico común del Juzgado 31 de Madrid y de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía, que imputa a Rato delitos fiscales, de corrupción de particulares y blanqueo de capitales, considera que el caso debe llevarse en la Audiencia Nacional, puesto que la sociedad Kradonara, de Rato, ha recibido 6,5 millones de euros procedentes del extranjero cuyo origen se desconoce.
El magistrado plantea que se resuelva esta cuestión de competencia después de que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu volviera a rechazar asumir la investigación, tal y como le pedía la Fiscalía Anticorrupción. Esa decisión supuso que el caso Rato siguiera siendo competencia del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que ha seguido adelante con el procedimiento.
No obstante, la duda sigue siendo si la investigación debe quedar en manos del juez de Madrid o tiene que pasar a ser asumida por la Audiencia Nacional al considerar que parte de los delitos que se investigan ocurrieron en el extranjero. Para la Fiscalía Anticorrupción no hay duda de que así ha sido puesto que cuando recurrió la decisión de Andreu de no hacerse cargo del caso advirtió de que la sociedad Kradonara, de Rato, recibió 6,5 millones procedentes del extranjero, cuyo origen se desconoce.
El problema de Kradonara
En 2006, 2007, 2011 y 2014, Kradonara obtuvo directamente a través de distintas transferencias 3,4 millones, a las que hay que sumar otras por valor de 3,047 millones recibidas desde su matriz, la firma Vivaway, de la que es beneficiario último Rato. A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra, reconocida por Ratoen su declaración de bienes en el extranjero, y algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio estaría en Bahamas.
Todo ello para que al final Kradonara acabara manteniendo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH, cuya única actividad económica es la explotación de un hotel en Berlín, del que Rato posee un 50 %. Por otra parte, el juez Serrano-Arnal recuerda en su auto emitido hoy que Kradonara ha recibido de la sociedad Albisa, controlada por Alberto Portuondo, en prisión provisional desde mediados de agosto, cerca de 800.000 euros, de los que 450.000 euros han acabado en la firma alemana con la que Ratoparticipa en el hotel de Berlín.
Esta misma sociedad germana ha recibido 100.000 euros de Telefónica y otros 1,05 millones cuyo origen se desconoce, a través de Kradonara y Vivaway. Además, Bagerpleta ha tenido otros pagos desde Vivaway, que se financia a través de la empresa Arada con ingresos "defraudados a la Hacienda Pública" y que provienen del pago de asistencias de Rato a congresos y conferencias. Es decir, una maraña de operaciones cruzadas entre distintas sociedades más allá de España que fue lo que llevó al juez Serrano-Arnal a inhibirse del caso en favor de la Audiencia Nacional.
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