El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid se ocupará de investigar al exvicepresidente económico Rodrigo Rato por cinco delitos contra la Hacienda Pública, alzamiento y blanqueo de capitales, por decisión de la Audiencia Provincial que se inclinado por seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que se opuso a que fuera la Audiencia Nacional la encargada de la instrucción. En un auto hecho público este martes, la Audiencia Provincial madrileña concreta que en este momento "no aparece con claridad" la conexión entre los delitos de los que se acusa a Rato en la nueva causa y los ya investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El juez madrileñfo podrá volver a inhibirse en un futuro si aprecia la comisión de algún delito que sea competencia de la Audiencia Nacional.
La Audiencia Provincial madrileña concreta que en este momento "no aparece con claridad" la conexión entre los delitos de los que se acusa a Rato en la nueva causa y el caso Bankia
Así, será el juez Antonio Serrano-Artal el encargado de continuar con la instrucción que recayó en sus manos el pasado 17 de abril. El magistrado madrileño decidió inhibirse a favor del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que ya investiga a Rato en otras dos causas: las presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y el uso por parte de directivos de este banco y de Caja Madrid de tarjetas de crédito opacas al fisco. Por ello, consideró que los hechos relatados en la denuncia tenían conexión con el caso Bankia. Pero la Sección 23 de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez de Madrid y, tras deliberar a puerta cerrada, han fallado este martes que la competencia para investigar a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes corresponde al juzgado de Instrucción número 31 de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la iniciativa de Serrano-Artal y la recurrió al considerar que si la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional podría crearse "un procedimiento inmanejable y carente de eficacia".
En el auto, la Audiencia Provincial aclara que "no se puede afirmar" que los hechos de los que se acusa a Rato "puedan constituir delitos que produzcan grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia". Además, como Rato ya ha abonado la fianza de tres millones de euros impuesta por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, según la resolución publicada este martes, no tiene sentido que los delitos de los que está acusado se hubieran cometido para sustraer su patrimonio ante el pago de dicha fianza, según recoge Efe.
La resolución señala que aún sin considerar si son delitos conexos o no, no cumplen los motivos para elevarlos a la Audiencia Nacional
En su escrito, la Fiscal Anticorrupción Elena Lorente rechazaba estos vínculos y describía la investigación como aún muy "incipiente" como para atribuirla a la Audiencia Nacional. Para la Fiscal, nada tiene que ver este caso con el de las irregularidades en la fusión y salida a bolsa de Bankia, causa que podría "devenir inmanejable" e ineficaz si se introducen "los eventuales delitos fiscales u otros" cometidos por los imputados. No obstante, no descartaba que del avance de la instrucción "pueda determinarse la existencia de un delito que sea competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción".
La resolución señala que aún sin considerar si son delitos conexos o no, no cumplen los motivos para elevarlos a la Audiencia Nacional al no producir una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia". De este modo, será el magistrado Antonio Serrano-Artal el encargado de la causa, y no el juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu.
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