El juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal ha imputado a una nueva persona en el caso en el que investiga el origen de los ingresos y la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato tras haberla interrogado esta mañana como testigo, con lo que el número de imputados se eleva a diez.
Así lo han informado fuentes jurídicas al término del interrogatorio de ocho de los dieciséis testigos convocados entre hoy y mañana, entre los que figuran empleados antiguos y actuales de Bankia y de las empresas de publicidad Zenith y Publicis, que supuestamente pagaron comisiones a un testaferro de Rato por interceder en la adjudicación de la campaña de su salida a bolsa. En concreto, este miércoles han declarado, entre otros, la exdirectora de Comunicación de la entidad que presidió Rato Pilar Trucios, y otros tres de empleados del banco, cuya identidad no ha trascendido y que no han sido imputados. Además, han declarado la apoderada de Terrenos de Alcobendas, empresa dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y gestión y administración de la propiedad inmobiliaria y presidida por el gerente y presunto testaferro Miguel Ángel Montero.
En concreto, este miércoles han declarado, entre otros, la exdirectora de Comunicación de la entidad Pilar Trucios y tres de empleados del banco
Estos testigos han comparecido después de que ayer lo hiciera el propio ex director gerente del FMI, que quedó en libertad aunque no podrá viajar fuera de la Unión Europea, pues se le ha retirado el pasaporte, y deberá comparecer mensualmente, según recoge Efe.
Rato insistió después en declaraciones a Efe en que es la persona "más interesada" en que se esclarezcan los hechos, por lo que remitirá al juez informes periciales que constaten "de manera fehaciente" que todos los bienes que ha tenido en el extranjero "tienen origen familiar" y han sido declarados "voluntariamente" a la Hacienda pública española. Además, aseguró que no dispone de otros bienes fuera de España sin declarar y espera que las pruebas que aporte dejen claro también que "todas las transacciones de divisas que haya podido realizar eran legales" y constan para la Agencia Tributaria.
No obstante, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dice que ignora la procedencia de 6,5 millones de euros, según la documentación que obra en poder del magistrado. Buena parte del interrogatorio se centró en la contratación por parte de Bankia, en la época de Rato, de las compañías Publicis y Zenith Media para dar a conocer la imagen del nuevo banco y su debut bursátil mediante un concurso competitivo.
El magistrado del caso Rato, que la semana pasada interrogó como imputados a la secretaria personal del exministro, Teresa Arellano, y a Montero, sospecha de que en la concesión de los contratos de publicidad maniobró el empresario Alberto Portuondo, en prisión desde mediados de agosto y que presuntamente cobró dos millones de euros por interceder en la adjudicación. Posteriormente, Portuondo, a través de Albisa, la parecer había desviado 833.000 euros a la empresa Kradonara, epicentro del entramado societario de Rato, aunque el exministro dijo que esta cantidad corresponde a pagos por trabajos profesionales "con contenido" y documentados adecuadamente.
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