Los independentistas catalanes condenados por sedición en el Tribunal Supremo Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull tratarán de convencer al Tribunal Constitucional de que al filtrarse la sentencia del 'procés' se vulneraron sus derechos, según consta en los incidentes de nulidad presentados ante el Tribunal Supremo.
Para las defensas de los reos, esta filtración supone una "vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, por la filtración del contenido de la sentencia cuando su redacción no había sido todavía culminada", según consta en los mencionados documentos.
"Lamentablemente en el presente caso antes de firmarse y notificarse la resolución su contenido ha sido conocido por la ciudadanía y por los propios acusados y sus familias, lo que evidencia la escasa sensibilidad de quien filtró dicha información. Dicha filtración se produjo, ciertamente, no en cuanto a las penas, pero sí en cuanto a los delitos aplicables", completa el escrito.
Recurso de amparo
Los incidentes de nulidad de actuaciones presentados por Sánchez, Rulll y Turull en el Alto Tribunal son un requisito obligado para acudir al Constitucional. Este es el motivo por el que los abogados de los tres reos han presentado este documento, para después presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según los consta en los escritos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.
Los condenados denuncian la vulneración de sus derechos con la intención de "elevar en el futuro la presente cuestión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): "Esta defensa se ve obligada a denunciar la vulneración de los artículos 24 de la Constitución española y 6 de la Carta Europea de Derechos Humanos (CEDH) solicitando la nulidad de la sentencia con todo lo que ello comporta en términos de retroacción", indica el documento.
Sin embargo, los propio recurrentes aseguran ser "perfectamente conscientes de las mínimas probabilidades de que prospere tal petición en esta instancia. En todo caso, mientras en España la respuesta a filtraciones como la que nos ocupa sea una investigación disciplinaria que nunca logra demostrar el origen concreto de la información, y mientras tal actuación no tenga efecto procesal alguno, la obligación de mantener el secreto de las deliberaciones continuará siendo papel mojado", concluyen los letrados.
