Hay varios cientos de saharauis que nacieron en ese territorio cuando era una provincia española y que tienen serias complicaciones para aspectos de la vida pública tan importantes como es la renovación de su DNI, pese a disponer de la nacionalidad española. Estas dificultades han crecido en los últimos tiempos, en los que la cercanía del Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos y su cambio de postura sobre el Sahara Occidental han bloqueado las relaciones con la Administración de estos ciudadanos.
Estos hechos lo denuncian varios abogados que trabajan con los expedientes de los entre 800 y 1.000 ciudadanos que se encuentran en esta tesitura. Entre ellos, Fátima Mohamed Fadel, quien compara la situación de sus representados con la que se enfrentaría el protagonista de cualquier relato kafkiano sobre la burocracia indiscriminada.
Los saharauis que viven actualmente en España tienen dos situaciones, por lo general. La primera es la de aquellos que nacieron en el norte de África durante la época colonial. En ese caso, se considera que son ciudadanos españoles y, por tanto, tienen derecho a disponer de un DNI. Mientras se realiza todo el procedimiento administrativo necesario para reconocer su nacionalidad, se les concede un carné de identidad provisional que se renueva año a año.
Para que puedan solicitar ese documento en la comisaría correspondiente, hace falta que el Registro Civil Central -dependiente del Ministerio de Justicia- expida un certificado. Hace unos años, lo obtenían al momento. Sin embargo, esa situación ha empeorado sin ninguna razón oficial, hasta el punto que la recepción de ese documento puede llegar a tardar 6 meses, 1 año o incluso más, lo que provoca que saharauis con nacionalidad española no tengan DNI, algo que les impide desde recibir una carta en Correos hasta viajar fuera de España, denuncia esta abogada.
Este periódico ha contactado con las fuentes oficiales de Justicia para tratar de obtener su versión sobre estas denuncias. Sin embargo, a cierre de esta edición, no ha recibido ninguna respuesta.
Los apátridas
El resto de saharauis -los que proceden de los campamentos de refugiados- son considerados como apátridas, dado que España no reconoce la República Árabe Saharaui Democrática, al igual que el resto de la Unión Europea. Estos llegan a España con la documentación de este territorio -intrascendente en este país- y con el título de viaje desde Argelia.
A partir de ahí, y pese a que España es uno de los países firmantes de la Convención de Ginebra sobre la Apatridia (1954), el procedimiento de reconocimiento de estas personas se demora durante un tiempo indeterminado que incluso puede superar los 10 años.
Al principio, se les introduce en un período de espera que suele ser largo; y, a partir de ahí, se les concede una residencia y un título de viaje de 5 años. Ninguno puede solicitar asilo porque, en realidad, no son refugiados políticos ni están bajo la jurisdicción de ningún país.
Pese a todo, deben realizar sus trámites burocráticos -explican letrados especialistas en estos procesos- a través de las oficinas de Extranjería. En concreto, de la sección dedicada a los solicitantes de asilo. El problema es que dentro de la web oficial no hay ninguna referencia clara a los apátridas, por lo que su único recurso es viajar a Madrid (una buena parte de los saharauis residen en Canarias) y hacer una larga cola en la Oficina de Asilo y Refugio -en la calle de Pradillo- para que “anoten su solicitud”.
¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Que en esta dependencia pública se excusan en que están realizando “obras” y un “traslado” para evitar atender a los apátridas que acuden para tratar de obtener una cita con la Administración española, denuncian sus abogados. En ocasiones, viajan desde otras provincias y regresan sin cumplir con su objetivo.
Las viudas saharauis
Mención especial merece el caso de las viudas de exmilitares españoles saharauis -algunas, fruto de matrimonios poligámicos- que han litigado durante varios años para tratar que España les reconozca la pensión que les corresponde.
Hace unos meses, después de que Vozpópuli se hiciera eco de su situación, se aceleró la tramitación de los 18 expedientes que todavía continuaban circulando por las dependencias de la Administración. El problema es que la Comisaría de Aluche (Madrid) no reconoce el DNI saharaui y sus funcionarios no conceden el NIE a las afectadas sin cumplir con algún otro requisito burocrático. Por tanto, tienen concedida su pensión de viudedad, pero no la pueden cobrar.
Fátima Mohamed Fadel se muestra convencida de que la mayor parte de la sociedad española entiende la circunstancia de los saharauis, pero, sin embargo, las autoridades los discriminan. En este sentido, recuerda que España es todavía oficialmente la potencia administradora de esos territorios, pese al cambio de postura sobre el Sahara Occidental que decidió el Gobierno de forma unilateral en 2022.
Por eso, y en este contexto de cercanía del PSOE al régimen marroquí, llama la atención que durante la negociación entre el PSOE y Sumar para alcanzar un pacto de investidura se hablara sobre Ucrania o Palestina, pero no se hiciera ninguna referencia explícita a los saharauis.
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