La Audiencia Nacional ha defendido al magistrado Manuel García Castellón en el marco de la causa contra Tsunami Democràctic. Los magistrados de la Sala de lo Penal han descartado que el instructor actuase con "motivación política" al imputar a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otra decena de personas más por terrorismo coincidiendo con la negociación de investidura de Pedro Sánchez.
El auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, da respuesta a un recurso interpuesto por Josep Lluís Alay contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de solicitar diligencias a organismos como la OTAN y la UE. En su respuesta, los magistrados de la Sección Tercera rechazan varios de los motivos de los apelantes, incluido el hecho de que el magistrado dictó el auto estando recusado. Por contra, atienden los argumentos de las acusaciones personadas en el procedimiento y que formularon alegaciones en contra de Alay. Se trata de la asociación Dignidad y Justicia y de Sociedad Civil Catalana.
Al respecto la Sección Tercera responde que el magistrado había respondido la petición de apartarse de la causa de Tsunami antes incluso de resolver sobre este asunto. "Además, este incidente se encuentra sobreseído y archivado por defecto formal no subsanado. Consiguientemente carece de objeto y contenido este motivo de apelación", razonan.
"No es una investigación prospectiva"
En cuanto al fondo del asunto, los magistrados desestiman también el recurso del director de la oficina del expresidente Puigdemont y descartan la falta de tutela judicial efectiva o que la investigación haya sido prospectiva. Tampoco consideran que se haya ido contra el concepto de cosa juzgada en relación a la investigación de García Castellón por la muerte del turista francés el mismo día en que Tsunami convocó a centenares de manifestantes para ocupar el aeropuerto de El Prat.
Los magistrados argumentan, además, que únicamente son recurribles en apelación los autos que denieguen diligencia de investigación, lo cual no es el caso. "Tal y como con acierto destaca en su escrito de impugnación del recurso la asociación Dignidad y Justicia una interpretación sistemática del artículo 311, 758 y 766 de la LECRim lleva a concluir que únicamente son recurribles en apelación los autos que denieguen diligencias de investigación", razonan,
La respuesta de la Sección Tercera se conoce el mismo día en que el Ejecutivo, en boca de la ministra Teresa Ribera, ha cuestionado las últimas decisiones del magistrado en relación con la causa contra Puigdemont. La vicepresidenta tercera ha señalado a García Castellón y ha dicho que tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles".
La también ministra para la Transición Ecológica se ha referido al último movimiento del instructor que, este pasado jueves, reafirmó su criterio de que el Tribunal Supremo asuma estas diligencias en un auto en el que expuso que los indicios de terrorismo no solo persisten sino que se han consolidado con las última documental incorporada al sumario.
Respaldo judicial a García Castellón
Aunque Moncloa ha matizado las palabras de la vicepresidenta tercera sus declaraciones han provocado una ola de reacciones en el mundo judicial. Primero han sido las asociaciones judiciales y más tarde el propio CGPJ. El órgano de gobierno de jueces ha denunciado que sus manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional y a la independencia judicial" propia de un Estado de derecho.
Por su parte, el instructor sigue adelante con estas pesquisas abiertas en el año 2019 por presunto delito de terrorismo. El giro de 180 grados se produjo en noviembre tras adherir a las mismas un informe final de la Guardia Civil en el que se aportaban grabaciones y otras fuentes de prueba que apuntaban a una decena de personas, entre ellas Puigdemont y Marta Rovira.
Tras ello llegó su imputación por terrorismo, diligencia que se acordó en plena negociación de investidura y que obligó a Moncloa y a sus socios separatistas a cambiar algunos postulados de la amnistía. De esta forma se introdujo también los delitos de terrorismo que afecten al procés siempre y cuando no haya sentencia firma.
Con todo Junts batalla en el plazo de enmiendas para que el Ejecutivo se pliegue a esta nueva exigencia e incluya todos los supuestos de terrorismo, esto es, incluidas las causas que tengan sentencia firme. De esta forma protegerían no solo a los imputados de Tsunami sino también a los CDR, quienes están pendientes de que se fije fecha de juicio oral.
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