El hombres de Oriol Junqueras en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Josué Sallent, se opone a que la Guardia Civil pueda acceder a las cuentas de los presuntos implicados en la realización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña.
Sallent ha presentado un recurso en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para pedir al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer que anule su decisión, reflejada en una providencia del pasado 16 de enero. En la mencionada providencia, se autoriza a la Guardia Civil a acceder al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC), para obtener la información de las cuentas bancarias, cuentas de valores y todos los productos bancarios de "las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 2 de octubre".
El Director de Estrategia del CTTI alega en su recurso de reforma que la citada providencia es "nula" porque tiene contenido de "auto" y por falta de motivación sobre la "necesidad y pertinencia" de la diligencia acordada, además de que no concreta las personas a cuyas cuentas podrá tener acceso la Guardia Civil.
En este sentido, alega que la "omisión y ausencia" de una motivación por parte del juez priva a la defensa de poder recurrir "esa fundamentación". Por este motivo, consideran que se vulnera su derecho a la "tutela judicial efectiva" de poder recurrir en base a resoluciones motivadas.
Acusa al juez de permitir una "inquisitio generalis"
La defensa de Sallent llama "auto encubierto" a la citada providencia del 16 enero pasado y basa su segundo motivo para recurrir en que la providencia no concreta sobre qué personas se autoriza acceder a su información. Según el recurso, "se autoriza el acceso a cualquier persona física o jurídica que pudiera estar relacionada con el referéndum".
Y añade que la autorización a la Guardia Civil se hace en los mismos términos que pedía el instituto armado en su oficio. Esto equivale, según Josué Sallent a dar una "autorización ilimitada" al citado cuerpo policial, de tal manera que puedan investigar a cualquier persona que "a su entender" pueda estar relacionada con el referéndum "independientemente de su condición de investigada o no" en el procedimiento.
Alega que el Juzgado "está yendo más allá de sus competencias" porque está autorizando a la Guardia Civil a que "lleve las riendas de la instrucción", dejando en sus manos la "selección de las personas de las que van a ser investigadas sus cuentas bancarias".
Se trata, según precisa el recurso de una "inquisitio generalis" para que se pueda "desgranar" la información de cualquier persona por "si suena la flauta".
Sallent fue grabado por la Guardia Civil cuando tenía una conversación con David Ferrer, en la que dice que los sistemas informáticos se estaban preparando para cobrar el primer impuesto después de declarar la independencia
Para respaldar sus argumentos, la defensa de Sallent recuerda que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se han posicionado en varias ocasiones en contra de la "inquisitio generalis" por considerarla contraria a derecho.
Josué Sallent fue grabado por la Guardia Civil, por orden del juez, cuando tenía una conversación con David Ferrer, Coordinador General de Proyectos de la Generalitat de Cataluña. En ella, el hombre de Junqueras en el CTTI le dice que los sistemas informáticos que estaban preparando para cobrar el primer impuesto masivo a finales de año, después de declarar la independencia, fallaban continuamente y que si no se podía cobrar ese impuesto iba a haber "hostias a lo salvaje".
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