La Justicia española entra en juego en la investigación abierta en El Salvador por la brutal masacre a seis jesuitas en el año 1989. Han pasado más de tres décadas pero las principales incógnitas sobre este atentado siguen todavía sin esclarecerse. Por ese motivo, la Fiscalía salvadoreña ha reabierto este caso con la finalidad de identificar a los autores intelectuales. Para ello, se está apoyando en la Audiencia Nacional; órgano que juzgó y condenó al principal acusado por estos hechos.
Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, el país centroamericano ha solicitado a la Audiencia Nacional testimonio de todas las grabaciones de la vista oral que se siguió en este órgano a mediados de 2020. Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal condenaron a 133 años de cárcel al excoronel y viceministro de El Salvador, Inocente Orlando Montano, por el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cinco jesuitas (cuatro de ellos españoles).
El fallo fue especialmente importante porque supuso el primer pronunciamiento de la Justicia sobre esta masacre en treinta años. La Audiencia Nacional concluyó que Montalvo perteneció a la 'Tandona', una promoción de oficiales del Ejército que por su poder e influencia esperaba gobernar entonces en El Salvador. Fueron años muy convulsos en los que se creó la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y se recrudeció el conflicto interno, hasta el punto de que se buscaron agentes externos que mediaran en la búsqueda de la paz, entre ellos la Iglesia.
A comienzos de los ochenta, la Conferencia Episcopal de El Salvador exhortó a las partes del conflicto a que se abriera un diálogo en favor de la paz, pero no fructificó. Más bien al contrario, las negociaciones se impulsaron tras varios cambios de gobierno y no avanzaron hasta 1989, año en que se produjo la matanza. Para entonces Ignacio Ellacuría, que no creía que fuese posible una victoria militar ni de las fuerzas armadas ni del FMLN, ya era considerado como uno de los analistas políticos más importantes del país e insistía
Asesinato a sangre fría
Esa postura y la influencia que ejercía sobre la sociedad le granjearon poderosos enemigos entre los sectores financiero y militar. Los oficiales culpaban a la Iglesia de incitar a los campesinos y de formar parte de una "conspiración comunista internacional". La sentencia de la Audiencia Nacional -confirmada en 2021 por el Tribunal Supremo- sostiene que en aquel momento llegó a haber aproximadamente 250 incidentes de amenazas, atentados, expulsiones y asesinatos.
Los jesuitas del Salvador se llevaron la peor parte. Su apoyo a la reforma agraria y su interés por culturizar la sociedad hizo que se ganaran la eterna enemistad de los terratenientes del país, que les consideraban responsables del surgimiento de la disidencia. En ese contexto, el entonces rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas se convirtió en blanco de la cúpula militar. A él se le acusó de ser uno de los principales estrategas del FMLN pese a que en sus artículos y comparecencias defendió siempre que una victoria de esta guerrilla era imposible.
Los oficiales perpetraron su asesinato y lo llevaron a cabo la noche del 15 al 16 de noviembre de ese año. El objetivo era no dejar testigos y hacer cree que detrás de esto estaba el FMLN. Hasta utilizaron las mismas armas que ellos. El comando acudió a la residencia de los sacerdotes. Cuando salieron del edificio les ordenaron que se tiraran al suelo. Tres de ellos, incluido Ellacuría, fueron ejecutados mientras otra parte del comando hizo lo propio con otros dos más. También acabaron con la vida de una mujer y su hija que permanecían abrazadas en otra habitación tras haber sido interceptadas por los asesinos.
Reapertura del caso en El Salvador
La masacre conmocionó a la sociedad salvadoreña y española aunque no hubo una investigación real para perseguir a los culpables. El Salvador celebró un juicio pero el Tribunal Supremo de España consideró que no se garantizaba el castigo y persecución de sus responsables, sino más bien su sustracción de la Justicia. También advirtió de la ausencia de garantías necesarias de independencia e imparcialidad.
Con ese caldo de cultivo y tres décadas después, la Audiencia Nacional pudo reabrir la causa para juzgar a Montano por el asesinato de los jesuitas españoles. La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Fernando Andreu, apuntó a ocho delitos de asesinato de carácter terrorista, si bien solo se le pudo condenar por la muerte de los cinco ciudadanos españoles. El tribunal consideró probado que fue terrorismo de Estado.
El fallo implicó el cierre de la causa en España pero el procedimiento que se siguió en la Audiencia Nacional puede servir ahora para la Fiscalía de El Salvador, que vuelve a investigar la masacre. El punto de inflexión que permite estudiar los hechos es la declaración de inconstitucionalidad de Ley de Amnistía. Esta norma que se aprobó e el Salvador en la década de los noventa impedía investigar y juzgar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil del país (1980-1992). Se estima que murieron unas 75.000 personas y, según la ONU, más del 80% de los crímenes los cometieron las fuerzas de seguridad.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia del Salvador permite ahora al Ministerio Público reabrir la causa para investigar la autoría intelectual de la masacre de los jesuitas. El foco se ha puesto en el entonces presidente Alfredo Cristiani y otras diez personas más. Hace menos de un mes, la Justicia salvadoreña ordenó su detención y la de otros cinco acusados después de que no se presentaran al inicio de la audiencia que se celebra por estos hechos.
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