Nuevas documentos sobre la muerte de Salvador Puig Antinch salen a la luz. 42 años después de que el el subinspector de policía Francisco Javier Angüas Barragán fuera asesinado por militantes antifranquistas el 25 de septiembre de 1973, se publican nuevos informes que desvelan el precio que costó la muerte del joven anarquista catalán, Salvador Puig Antich, ejecutado por la dictadura acusado por el asesinato del policía.
Según un informe recogido por Crónica Global, Antonio López Guerra, un funcionario "en servicio ejecutor judicial" de la Audiencia Territorial de Madrid cobró "11.000 pesetas", de las cuales 8.000 responden a la ejecución de Puig Antich el 2 de marzo de 1974 y las otras 3.000 en concepto de dietas -500 pesetas durante seis días- por "el traslado del ejecutor de Badajoz a Barcelona y regreso".
Antonio López Guerra, un funcionario de la Audiencia Territorial de Madrid cobró 8.000 pesetas por ejecutar al anarquista Puig Antich
Según recoge este diario, "la caja de Capitanía General del ejercito en Cataluña le pagó estos honorarios pocos minutos después de la ejecución". También se hace constar que una vez cumplido el trabajo "el verdugo regreso a Badajoz para ponerse a disposición de la Audiencia de Madrid".
Dudas sobre el juicio
Otros documentos de la fuerzas de seguirdad y de los servicios de inteligencia de la época acumularon decenas de informes sobre las circunstancias de la detención, la investigación, el juicio y la ejecución del joven anarquista a los que ha tenido acceso Crónica Global, y que plantean serias dudas sobre las garantías procesales o el juicio que se llevó a cabo contra Antich, quien, tras ser condenado el día 9 de enero, fue ejecutado el día 2 de marzo de 1974 mediante garrote vil.
Los documentos aglutinan las pruebas que no le permitieron presentar a Puig Antich, vulnerando de esta forma su derecho a la defensa
Según recoge el diario, los servicios de inteligencia de la época recogen un listado de "irregularidades" durante la tramitación de la causa, como la que se recoge bajo el enunciado "Denagación a la defensa de las pruebas", que aglutina las pruebas que no le permitieron presentar a la defensa, vulnerando de esta forma su derecho a la defensa. El tribunal rechazó que los doctores Pedro Munné Más, Ramón Barjau Vinyals y Joaquín Latorre Martí, que estaban de guardia el día del asesinato y "vieron el cadáver del policía muerto y podían dictaminar bajo juramento si los disparos que tenían eran 5 (en su opinión) o 3 ( tal y como recoge la autopsia)”. El tribunal no aceptó su comparecencia, porque “eso retrasaría el proceso”.
Además, se le negó a la defensa presentar un "informe pericial balístico de las distancias y trayectorias de los posibles tiradores". Este informe, sin sello oficial pero supuestamente elaborado por los policías que analizaron el proceso judicial, según recoge Crónica Global, apunta que "Lo más oscuro del juicio es el peritaje balístico. La pistola de Puig –un nueve largo–, expulsa el casquillo tras el disparo. Puig declara haber disparado dos veces, tres a lo máximo, pero se hallan cuatro casquillos. Un bala se estrelló en la pared y el certificado de la autopsia dice que tres balas atravesaron al policía (saliendo incluso). Pero estas balas –reconoce ese escrito–, no han sido halladas. Los médicos de guardia y las enfermeras del Clínico testimoniaron que en el cuerpo del policía había cinco impactos, pero esta prueba ha sido denegada". Sin embago, la autopsia que aparece en el sumario se realizó, según consta, en la comisaría del distrito de Universitat.
Otros elementos no recogidos en el juicio al anarquista catalán fueron las agresiones sufridas por Antich durante su detención, dado que "la sentencia olvidó anotar los culatazos que sufrió Puig Antich", o, tal y como recoge el informe, como “dos inspectores de policía, entre ellos D. Julián Gil, –entonces jefe de la Brigada político-social de Barcelona–, entraron en el locutorio de abogados de la cárcel Modelo y coaccionaron a Salvador Puig Antich”.
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