Pedro Sánchez se la ha vuelto a jugar a Yolanda Díaz y a Unidas Podemos. Sin mucho ruido, centrado como está el Gobierno de coalición y, en particular, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en sacar adelante la reforma laboral, el presidente ha decidido un nuevo retraso, ya para enero, febrero y los meses siguientes, de los tres principales proyectos legislativos de su socio morado: la Ley Trans, la Ley de Vivienda, que supondrá una congelación o rebaja de alquileres, y la Ley de Protección Animal, más conocida como de bienestar animal.
Con la excusa del Imprevisto retraso de la aprobación de los Presupuestos generales del Estado hasta este martes 28 de diciembre -tras la enmienda presentada por Compromís en el Senado sobre las lenguas cooficiales-, unida a un oportuno retraso del Ministerio de Justicia en la remisión de los proyectos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita los informes preceptivos, el Consejo de Ministros de ese día no verá ni el proyecto de Vivienda ni el de Bienestar Animal, como tenía previsto.
No dar 'armas' a Mañueco
Es más, la Ley de bienestar animal, que puso en pie de guerra a los cazadores, al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a barones socialistas de autonomías tan cinegéticas como Castilla-La Mancha y Extremadura, Emiliano García Page y Guillermo Fernández Vara, se aplaza a una reunión del gabinete en la segunda quincena de febrero; "cuando ya se hayan celebrado las elecciones en Castilla y León -el 13 de ese mes- para que no influya en el voto cazador en contra del PSOE" y a favor del candidato popular, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reconocen a Vozpópuli distintas fuentes.
Respecto a la Ley de Vivienda, la propia ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez, confirmaba la pasada semana que iría al Consejo este martes 28, pero tampoco ha llegado el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y eso va a retrasar su remisión definitiva a las Cortes hasta, por lo menos, mediados, final de enero.
La ministra presentó el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros del 26 de octubre, pero hasta primeros de diciembre, después del periodo obligatorio de información pública y de información entre ministerios, el Ministerio de Vivienda "no cae en la cuenta" (sic), dicen las fuentes consultadas, de que el proyecto ha de pasar por el CGPJ; lo remite justo antes del Puente de la Constitución, cuando quedan menos de 15 días para el Consejo de Ministros del 21 de diciembre. En ese estaba prevista su aprobación definitiva.
Si al presidente del Gobierno se le complica la legislatura con derrotas en Castilla y León y Andalucía, y decide adelantar las elecciones generales, la rebaja de los alquileres, promesa 'estrella' de Podemos, nunca verá la luz
Y es que no es ningún secreto que esa Ley de Vivienda ha sido incómoda para los socialistas desde un principio. Lleva casi un año de retraso y veremos si algún día sus medidas llegan a implementarse; porque, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), durante el segundo semestre de 2022, las autonomías tendrán año y medio, si quieren -las del PP ya han dicho no-, para aplicar el sistema de índice de precios en las llamadas áreas tensionadas: Madrid, Barcelona y otras grandes capitales y zonas metropolitanas.
En Unidas Podemos ven con preocupación tanta demora acumulada porque, si a Pedro Sánchez se le complica la legislatura después dos previsibles nuevas derrotas frente al PP, en Castilla y León y Andalucía, y decide adelantar las elecciones generales a este año, pillaría a los tres proyectos de ley estrella de los morados todavía en tramitación parlamentaria. Resultado: una de las promesas básicas del acuerdo del gobierno de coalición, la bajada de alquileres, nunca vería la luz.
De hecho, el socio morado sostiene que el inusual año y medio de vacatio legis -período de transición que sufre toda ley- es una concesión del PSOE a los fondos buitre tras el compromiso del presidente con ellos durante un viaje a Nueva York hace meses; por eso, Ione Belarra y Yolanda Díaz planean rebajarlo y que a los tres meses la nueva legislación entre en vigor, mediante una enmienda que presentará en el Congreso. Para ello esperan contar con el apoyo de otros socios del Ejecutivo, ERC, Bildu, Compromís y Más País, para torcer el pulso a los grandes tenedores -más de diez inmuebles- de vivienda en alquiler.
El Ministerio de Justicia ha dicho a los 'morados' que la "falta de personal" ha impedido hasta diciembre la remisión de los textos legales al CGPJ y al resto de órganos constitucionales
Respecto a la Ley Trans, no opera en la justificación del retraso la excusa del olvido del Ministerio de Justicia en su remisión al CGPJ. El Ministerio de Igualdad de Irene Montero mandó la ley a Justicia "en octubre", recalca una fuente consultada, "ya cerrada de contenido" entre los dos socios: PSOE y Podemos, después de una agria trifulca entre el sector feminista de los socialistas, capitaneado por la ya exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, y el equipo de Irene Montero.
El ministerio de Justicia que encabeza Pilar Llop ha explicado al de Montero que "por falta de personal (sic) han remitido la ley a mediados de diciembre a todos los órganos constitucionales" -al Consejo de Estado también-. Al igual que ocurre con los otros dos proyectos de ley, se está a la espera de que la devuelvan para llevarla al Consejo de Ministros; algo que no ocurrirá hasta entrado 2022.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación