Nada va a frenar a Pedro Sánchez en su afán de amnistiar a los independentistas catalanes para ser investido presidente del Gobierno pese al rechazo masivo de las calles del país, que se llenaron este domingo con cerca de dos millones de personas según el PP -medio millón según el Gobierno- para clamar contra la medida de gracia. Está previsto que este lunes el PSOE inicie en el Congreso el trámite de la ley junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. La norma fue revisada punto por punto tras la imputación de Carles Puigdemont por supuestos delitos de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic.
Los socialistas emitieron un exaltado editorial, a través de su órgano de propaganda, en el que vinculan con Vox y con el PP las protestas pacíficas y el acoso a sus sedes por todo el país: "Es un salto al vacío que debe ser respondido con toda la fuerza de nuestro Estado de Derecho, y con la misma firmeza con la que hicimos frente a sus antecesores en la historia. Por muchas piedras que nos lancen, pintadas en nuestras casas del pueblo, amenazas de todo tipo en las redes sociales, insultos… no van a lograr provocarnos. Solo van a lograr que nuestras convicciones sean todavía más fuertes".
Sánchez no hizo referencia alguna a la amnistía en el Congreso de la Internacional Socialista que se celebró este fin de semana en Málaga. Se limitó a congratularse por haber sido capaz de armar una mayoría que le permita seguir al frente de los mandos del país. Pero su silencio no deja de ser significativo, porque su pacto con los independentistas será observado por las instituciones europeas. El comisario europeo de Justicia ya ha pedido explicaciones al Ejecutivo y espera ansioso conocer en detalle la ley para determinar su incurre o no en una afrenta al Estado de Derecho, uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea.
Un enorme coste
Lo cierto es que el PSOE asume el enorme coste que tiene la medida, aunque en Moncloa esperan que, con el tiempo, pase como con los indultos y los ciudadanos no solo la asimilen y la acepten, sino que vean que ha sido favorable para la convivencia. Pero a casi nadie se le escapa en el partido que Sánchez ha llevado las cosas más lejos que nunca con tal de ser presidente de nuevo. No por casualidad, el PSOE tuvo que aclarar el punto del acuerdo que hace referencia al lawfare, ese anglicismo que denota que la Justicia se mueve por intereses políticos.
El independentismo considera que buena parte de las causas judiciales abiertas contra sus representantes se deben a intereses espurios de una judicatura españolista de extrema derecha que tiene como objetivo aniquilar al secesionismo. El problema es que Junts quería que entraran casos que poco tienen que ver con el procés, como el que afecta a la presidenta de Junts, Laura Borrás, condenada a 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por trocear contratos. Y por el que hasta ERC se queja. Que el PSOE acepte el relato del lawfare ha sentado como una patada en las principales asociaciones judiciales del país. Ferraz tuvo que desmentir que el poder legislativo vaya a ser capaz de determinar si las acciones de un juez están determinadas por motivaciones políticas.
Los negociadores socialistas advertían a Junts, según El País, de que eso implicaría acusar de prevaricación a los jueces. Pero para poder introducir el término, se tuvo que pactar una redacción que daba pie a la confusión. Ferraz asegura que "el acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare. Y que "cuando se refiere a las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura, está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso".
El relato sobre el procés
Sánchez, que ayudó al PP para aplicar el artículo 155 en Cataluña y que siempre rechazó públicamente la amistía, incluso en plena campaña electoral, ha terminado asumiendo buena parte del relato independentista sobre el procés. Y, como lamentan algunos en el partido en privado, a cambio de la amnistía y el relato, Junts solo se compromete a despejar la investidura.
La derecha independentista catalana, a juzgar por el acuerdo que selló con el PSOE, se reserva la potestad de dinamitar la gobernabilidad del país y, por tanto, derribar al Ejecutivo si no ve sus demandas satisfechas. Es decir, si el Estado no abre la pista de despegue hacia la independencia. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Y en Moncloa y en Ferraz argumentan que solo el hecho de haber sentado a Puigdemont a pactar sobre política española es todo un éxito, porque mata su relato.
Este domingo a última hora, y tras nueve días de manifestaciones en la sede socialista de Ferraz, la militancia de Junts dio el 'ok' al acuerdo, de modo que solo falta que se concrete la fecha de la votación de investidura que, previsiblemente, se celebrará los días 15 y 16 de noviembre. La voluntad de Sánchez se mantiene intacta. La calle ruge, pero él ya se prepara para ser investido como presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años.
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